Freddy Potoy Rosales
La situación política actual no es nada halagadora para las empresas de telecomunicaciones en el país, si tomamos en cuenta que tanto Movistar como Enitel se encuentran con la espada de Damocles sobre sus cabezas.
El gobierno del presidente Enrique Bolaños y los demás políticos no hacen más que poner nerviosos a los inversionistas y traer a sus mentes los fantasmas de la inestabilidad de países como Ecuador, Perú o Bolivia.
Sin embargo, los mercados de estos países son rentables en materia de telecomunicaciones y cualquiera de nosotros lo puede comprobar cuando sale de Nicaragua y observa que el tráfico de llamadas a estos países es altísimo, razón por la cual las empresas tienen variadas ofertas para los usuarios.
¿Qué pasa en Nicaragua? Pues sencillamente que los políticos y el Gobierno parecen un par de bandidos que a plena luz del día y frente a todo un país, le piden dinero a estas empresas so pena que si no cumplen, cada quien los sancionaría por sus lados. Éste es el descaro más grande que he visto en los últimos años.
Mientras el Gobierno amenaza a los operadores de telecomunicaciones con sancionarlos si no le pagan al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), los políticos hacen lo suyo si estos mismos no le pagan a la Intendencia de Telecomunicaciones que dirige el cuestionado y controversial militante sandinista Freddy Carrión. ¿A quién le deben pagar las empresas?
Ahora no vengan con el cuento de que cada una de las instituciones está legítimamente constituida. Esto desestimula y amenaza cualquier pretensión de invertir más en telecomunicaciones.
Otro ejemplo claro de un vulgar chantaje es el siguiente: sólo imaginen que Movistar debe desaduanar material para el mercado nacional, pero pende la amenaza de Telcor. Si le paga a Telcor, la Intendencia de Telecomunicaciones hace lo suyo queriendo auditar a dicha empresa. Son dos pillos institucionalizados sobre la inversión extranjera tratando de robar el dinero que no es suyo. En este caso, dada las circunstancias, a Movistar, por ejemplo, no le quedaría más que pagar a los que de momento tienen el poder en sus manos.
Ambas instituciones deben garantizar que al menos no hagan pagar dos veces a los inversionistas cuando el uno deje de existir y el otro asuma el poder. Es decir, tarde que temprano Telcor desaparecerá y asumirá la Intendencia de Telecomunicaciones, de tal forma que lo que hayan pagado por operar durante este tiempo en conflicto, no lo cobre Carrión. Eso sería incorrecto y los operadores tienen que tomar medidas legales al respecto.
He citado a Movistar porque quizás es el que está en una situación más desventajosa, sin embargo, el escenario funcional y político es igual para Enitel.
Sólo por unos instantes imaginen que Movistar decida retirar su inversión. Cualquiera diría: ¡que se vaya!, pero no, no, no. El asunto no es así de sencillo. Son más de 300 mil usuarios de telefonía celular que caerían de un solo tajo. Bien, los asumiría Enitel y se resuelve el problema. Tampoco es así dado que caeríamos nuevamente en una situación monopólica y el más perjudicado sería el usuario.
