Carlos Alberto Cerda Gaitá[email protected]
La ética juega un papel clave para la convivencia pacífica y próspera de una sociedad. Fernando Savater expresa que: “La ética intenta que las personas sean mejores como individuos”. Los valores y principios que trae consigo la ética son capaces de romper con el círculo vicioso que provoca el confinamiento y el aislamiento de las personas, pueblos y naciones, provocado, en gran medida, por la inobservancia de algunas reglas básicas.
Ahí donde los valores y principios éticos son despreciados se encuentran diversos males, entre ellos la corrupción, la cual trae consigo pobreza, desigualdad y crisis institucional, entre otros. A propósito de la celebración del cuarto centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha, cabe recordar lo que escribió en esa obra don Miguel de Cervantes: “La codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada”.
En el Estado del siglo XX se dieron las condiciones para que la corrupción se impusiera como una práctica “normal”. Esa corrupción, junto a la actividad bélica, llevó a la debacle a los Estados.
Carlos A. Manfroni ha planteado que: “Los partidos políticos del siglo XIX y XX se formaban en torno a ideologías, verdaderas construcciones integrales, concebidas para dar solución a la totalidad de los problemas de una nación o aún del mundo. Bajo este esquema las virtudes personales fueron relegadas a un segundo o tercer plano. No importaba tanto el comportamiento ético de una persona sino cuál era la ideología a la cual la persona se adhería”. La situación no podía ser más caótica.
Hoy, las reglas que trae consigo el Estado de Derecho son totalmente distintas. Se exige a los servidores públicos estándares de buena conducta. El funcionario público tiene el deber de lealtad con su país, sus cualidades básicas son: probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad y responsabilidad.
En Nicaragua se ha avanzado sobre el tema. La Convención Interamericana Contra la Corrupción fue suscrita por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada por Nicaragua desde mayo de 1999. Entre sus propósitos está promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
En el marco de este instrumento internacional fue creada la Oficina de Ética Pública, inaugurada el 12 de mayo del 2004, dependencia de la Presidencia de la República, fundada con el propósito de elaborar y ejecutar las políticas y programas que promuevan la transparencia y efectividad en la administración de los bienes del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, los pasos dados no son suficientes, más cuando tenemos a la vuelta de la esquina elecciones presidenciales, proceso electoral que en años anteriores se ha puesto en tela de duda el origen de los fondos para las campañas de los partidos políticos.
A corto plazo resulta importante formular, impulsar y aplicar un código de ética que guíe y oriente el comportamiento de todos los funcionarios de instituciones del Estado y los aspirantes a cargos públicos, con motivo de promover la actuación ejemplar de los servidores del pueblo, tal y como lo exige la democracia.
El código de ética de los funcionarios públicos puede inspirarse en los siguientes principios: veracidad en la información que brinde en el marco de sus relaciones funcionales; discreción de los hechos o informaciones que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones; transparencia ante la sociedad en relación con la actividad de la administración pública; independencia de criterio en la toma de decisiones. Debe evitar situaciones incompatibles con sus funciones; equidad junto al fin de las leyes deben de ser la guía en la solución de los problemas.
Igualdad de trato en igualdad de situaciones a los ciudadanos; ejercicio adecuado del cargo sin obtener beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros; uso adecuado de los bienes del Estado evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento; uso adecuado del tiempo del trabajo para desempeñar las funciones conferidas de una forma eficiente y eficaz; dignidad y decoro en el trato con los demás; tolerancia frente a las críticas del público y de la prensa; y, equilibrio, es decir, sentido práctico y buen juicio en el ejercicio de sus funciones.
Nunca es tarde para buscar el progreso. La actuación ética de la sociedad y de los funcionarios públicos es un escalón más por el que debemos transitar para vivir en concordia, paz y desarrollo.
El autor es consultor.
