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La narcocriminalidad en Nicaragua
La participación de Nicaragua en el criminal narconegocio internacional ha crecido de manera alarmante, aunque todavía no alcanza la magnitud que tiene en otros países de América Latina.
De acuerdo con un informe que dio a conocer a mediados de este año la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el negocio mundial de la droga involucra a unos 200 millones de consumidores, cifra equivalente al cinco por ciento de la población mundial. Según la ONUDD, en el año 2004 unas 161 millones de personas consumieron marihuana; 26.1 millón hicieron uso de anfetaminas; 13.7 millones, de cocaína; 10.6 millones, de heroína; 7.9 millones, de éxtasis y 5.3 millones de otras drogas derivadas del opio.
La ONUDD clasifica el ilícito negocio mundial de la droga en tres grandes niveles: producción, venta al por mayor o intermediación y venta al por menor, o sea cuando llega al consumidor. Y asegura este organismo especializado de Naciones Unidas, cifras en mano, que el valor de las drogas y el volumen de su rentabilidad aumenta desmedidamente al pasar de uno a otro nivel, y sobre todo al llegar al consumidor.
En efecto, según los datos de la ONUDD en el año 2003 el monto económico de la producción mundial de drogas ilícitas fue de 13,000 millones de dólares. Sin embargo, el valor de las ventas al por mayor de esa misma droga fue de 94,000 millones de dólares, y éste pasó a 322,000 millones de dólares en las ventas finales, o sea en el mercado de consumo. Lo cual significa que el valor de las ventas al por menor de las drogas ilegales, en todo el mundo, es mayor que el Producto Bruto Interno (PBI) del 88 por ciento de los países de todo el planeta.
En Nicaragua, a juzgar por las informaciones policiales y las investigaciones periodísticas, la actividad del narcotráfico internacional —que según fuentes de los mismos narcos comenzó durante el régimen sandinista, cuando Pablo Escobar Gaviria estableció una conexión para el trasiego de droga entre Colombia, Cuba y Nicaragua— últimamente está creciendo de manera rápida y alarmante, al extremo de que hasta se han construido pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de las aeronaves que transportan los cargamentos de droga, y que repostan en territorio nicaragüense.
Ahora bien, el crecimiento en Nicaragua de la narcocriminalidad se explica fácilmente por al menos cuatro razones fundamentales:
En primer lugar, el factor geográfico. Ubicada en el propio centro de América Central, Nicaragua es una ruta obligada y fácil para el tráfico de la droga, desde sus bases de producción en América del Sur hacia los ricos mercados de Estados Unidos y Europa.
En segundo lugar, por la precariedad institucional y la crónica inestabilidad gubernamental que sufre el país, así como por el bajo nivel cultural y ético de los políticos predominantes, quienes viven en pugnas permanentes por el control del poder, pero no para servir a la población sino como un medio de fácil enriquecimiento personal, familiar y de las camarillas partidistas.
En tercer lugar por la pobreza extendida, que facilita a los narcodelincuentes la compra de complicidad social.
Y en cuarto lugar por la venalidad en la administración de justicia, que se ha acentuado en los últimos tiempos como consecuencia del pacto libero-sandinista, y por la cual, con una facilidad asombrosa se deja en libertad a los narcotraficantes y hasta se les “procuran” sus “derechos humanos” para que puedan escapar.
En realidad, aunque Nicaragua no marca nada importante en el ranking internacional del mercado de la droga, el narcotráfico y el consumo local han aumentado de manera considerable, en este último caso porque los narcotraficantes internacionales pagan “en especie” los servicios locales que reciben en la realización y encubrimiento de sus actividades.
De manera que la búsqueda de una solución genuinamente democrática a la crisis política e institucional que sufre el país —es decir, una alternativa al pactismo, el caudillismo y la corrupción orteguista y arnoldista—, es también indispensable para fortalecer la lucha contra la narcocriminalidad, que sólo se podrá contener con la acción de una administración de justicia renovada y honorable, apoyada por un Poder Legislativo que esté al servicio de la nación, y no de los caudillos y de las camarillas partidistas que han envilecido al país, tanto material como moralmente.
