Jorge Loáisiga [email protected]
La Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó al Juez Cuarto de Distrito Civil, Néstor Castillo, continuar con el trámite para el nombramiento de un interventor judicial a favor de la familia Somoza, para la Compañía Nacional Productora de Cemento.
Castillo había rechazado una solicitud para nombrar al interventor judicial promovido por el abogado de la familia Somoza.
El Procurador General de la República, Alberto Novoa, dijo que la Procuraduría, como abogado del Estado, interpondrá un recurso de reposición de esa sentencia, para revertir sus efectos.
“En la mañana hablé con el señor Presidente de la República y le pedí permiso para ejercer todos los recursos legales que se puedan ocupar contra esa sentencia”, sostuvo Novoa.
“Estamos indignados por esa sentencia, porque ya le están entregando a los Somoza algo que es del Estado de Nicaragua, y vamos a agotar todos los recursos legales para que no sea así”, sostuvo el procurador.
“Es bien coincidente, no sé si habrá sido tanta la coincidencia, pero en el mismo día, en otro juzgado, en el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, desecharon otra demanda de la Procuraduría en la que solicitábamos la nulidad de un acta de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), en la que ésta ordenó la devolución de la Cementera a los Somoza. La juez Ligia Rivas Peña dijo que eso era cosa juzgada, no abrió a pruebas el caso y rechazó la demanda de la Procuraduría, bajo el único argumento de que era cosa juzgada”, agregó Novoa.
El Gobierno de Nicaragua bajo la administración del (ex) presidente Arnoldo Alemán, en el año 2000, arrendó a Cementos de México (Cemex) la Cementera, por un plazo de 25 años.
La intervención judicial, que es una medida cautelar para asegurar bienes litigiosos, fue solicitada por el abogado de la familia Somoza, Antonio Morgan Pérez, en un juicio que se tramita en el Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua.
El proceso inició en diciembre del 2002, cuando Chéster Noguera, presidente de Corporaciones Nacional del Sector Público y presidente de junta directiva de la Cementera, denunció la nulidad de todo el contenido de un juicio que dio origen a la junta directiva de la Cementera que preside Isabel Urcuyo Rodríguez, representada por su hijo Álvaro Somoza Urcuyo.
En este momento, por decisión de la (ex) Juez Primero Civil de Distrito de Managua, Yelba Aguilera, existen dos juntas directivas de la Cementera, una que preside Isabel Urcuyo Rodríguez de Somoza (viuda del ex presidente Luis Somoza Debayle) y otra que dirige, en representación del Estado, Noguera, presidente de la Cornap.
La Cementera fue confiscada en 1979 por la Revolución sandinista. Los Somoza alegan que no existió tal confiscación y que ellos, así como otros accionistas de la Cementera, tienen en su poder las acciones que existían a julio de 1979.
Entre esos otros accionistas figuran la sociedad Puerto Esperanza Investement Corporation, representada por Jorge Ernesto Ascencio Aguirre, Lilliam Somoza de Sevilla Sacasa, representada por Alejandro Sevilla Somoza.
La sentencia que ordena iniciar la tramitación de la designación del interventor judicial para la Cementera, fue firmada por los magistrados sandinistas Gerardo Rodríguez y Juana Méndez, y la liberal Perla Arróliga.
Rodríguez, que además es el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, dijo a LA PRENSA que lo que ellos hicieron fue declarar nulo un auto que había emitido el Juez Cuarto de Distrito Civil en el que oficiosamente declaró nula la solicitud que había hecho Antonio Morgan para la designación del interventor judicial en la Cementera.
