José Adán [email protected]
La maldición parece continuar en el campamento de los afectados del Nemagón, pero esta vez no proviene de la nociva sustancia química que por más de dos décadas se regó en los plantíos de banano de Occidente.
Victorino Espinales y una decena de dirigentes de los ex trabajadores de las plantaciones de banano que resultaron afectados por el pesticida Nemagón, denunciaron ayer que nuevamente están siendo víctimas de parte de abogados que supuestamente les quieren afectar sus demandas.
36 PASAPORTES
De acuerdo con Espinales y los demás dirigentes que ayer se reunieron en pleno campamento para decidir si denunciaban o no a sus abogados, éstos les han retenido los 36 pasaportes que en el pasado mes de mayo le extendió el Gobierno de la República a un grupo de ex bananeros.
Los documentos, 17 de los cuales cuentan ya con visa de Estados Unidos, servirían para que los afectados viajaran a ese país a testificar en una Corte de Los Ángeles, en el juicio que allá se libra contra tres compañías a las que los ex bananeros acusan de haberles afectado en su salud al exponerlos sin protección al pesticida Nemagón que se aplicaba en las plantaciones de banano en los años 60 y 70.
SILENCIO LEGAL
De acuerdo con la denuncia de Espinales y los demás dirigentes, el abogado Antonio Hernández, representante en Nicaragua del bufete Juan José Domínguez (con sede en Los Ángeles), les pidió los pasaportes a los campesinos y supuestamente ahora no les da respuesta sobre el destino de los documentos.
Según la denuncia, el mencionado abogado supuestamente ha ordenado no permitir la entrada a sus oficinas de los dirigentes campesinos cada vez que éstos buscan revisar los expedientes para inspeccionar cómo avanzan los juicios.
Los dirigentes emitieron ayer un pronunciamiento en el cual denuncian a los abogados, a los que también acusan de querer cobrarles hasta el 65 por ciento de la posible indemnización que logren obtener en los tribunales.
De acuerdo con esta denuncia, los mencionados abogados les dijeron que aparte del 40 por ciento de honorarios acordados, les cobrarían viáticos, gastos de representación y otros.
Ellos denunciaron esta semana el caso ante la Cancillería y la Procuraduría General de la República.
Además anunciaron que solicitarán la intervención inmediata del Gobierno, para buscar una negociación directa con las compañías americanas, pero sin la participación de abogados de ninguna firma.
