Marcha legítima y necesaria

John R. Head Flores

Muy a propósito de la invitación a marchar, hoy jueves 16 de junio, un grupo de colegas reflexionábamos sobre algunos factores de fondo que han ocasionado que en la sociedad nicaragüense, jóvenes y adultos, hombres y mujeres etc., estemos tomando de una manera más seria las acciones de protesta, como es esta marcha contra el pacto libero-sandinista. Tras estudiar la transformación que ha venido experimentando el Estado, a través de la tristemente famosa reforma a la Constitución, hemos coincidido en dos puntos de relevancia: 1. Que dichas reformas carecen de total legitimidad y 2. Que estos cambios representan un retroceso dramático del elemento “institucionalidad”.

En lo referente al primer punto, cabe resaltar, por la manera que fueron impuestas estas reformas, entre otras leyes, que sólo se puede catalogar al régimen pos-reforma como una “dictadura parlamentaria”. ¿Cómo llamarlo de otra manera si desde su origen, los partidos políticos, “fuentes desde donde emana la democracia”, se destruye todo intento de elección democrática de los representantes, al imponerse a los candidatos a presidente y diputados? Estos últimos son ahora también conocidos como “padres del pacto y no de la Patria”.

¿Cómo sentir que los intereses de todos los nicaragüenses están verdaderamente representados en la Asamblea cuando ningún nicaragüense tiene el derecho de votar verdaderamente por su representante ante la Asamblea Nacional y es obligado a votar por una plancha impuesta desde el partido? Por lo tanto, y utilizando un poco de razonamiento lógico elemental, si los cargos que actualmente ostentan los señores diputados se derivan de la posición de sus nombres en una lista, ¿realmente de quiénes son representantes, del pueblo que se ve obligado a votar por ellos de una u otra manera o de los caudillos, quienes les permitieron aparecer entre los primeros nombres de la famosa lista de la que les escribo? Júzguenlo ustedes mismos. ¿Serviles o patriotas?

Con esto establecido, se puede concluir que las leyes de relevancia para la vida de todos los nicaragüenses, como las reformas impulsadas por los diputados liberales y sandinistas, carecen de legitimidad absoluta. Por lo tanto, estas reformas y la creación de la Sisep merecían y merecen la consulta y ratificación por parte del pueblo a través de un plebiscito. No es posible que se continúe llamando de nombre, al régimen que vivimos, una “democracia participativa” cuando de facto se está viviendo una dictadura bicéfala desde la Asamblea Nacional.

El segundo punto está estrechamente ligado al primero. Simplemente, porque bajo el actual mecanismo de elección de los funcionarios de los demás poderes e instituciones del Estado, como el CSE, CSJ, CGR, y desde ya la Sisep, etc. se han propiciado las condiciones desde la Asamblea Nacional para que los partidos políticos, y por lo tanto los intereses personales de los líderes de sus cúpulas, tengan un peso específico en las decisiones que se toman en estas instituciones. Es necesario que de una vez por todas permitan que las instituciones trabajen con la transparencia y efectividad para lo que fueron originalmente creadas.

Los ciudadanos comunes no deberíamos tener que preocuparnos de ir a juicio, y pensar que el juez que preside pueda ser influenciado por los intereses del partido al que pertenece. Tampoco deberíamos tomar una actitud apática a la hora de elegir a nuestros representantes, durante las votaciones, porque de alguna manera existe el secreto a voces que los dos partidos en el CSE ya se dividieron sus áreas de influencia y saben de antemano quiénes van a ganar. Mucho menos queremos ver el show de amenazas de acusaciones por parte de la Contraloría, que visiblemente toma actitudes partidarizadas. Queremos confiar en nuestras instituciones.

En conclusión, es hora de que la clase política sea consecuente con los intereses de la ciudadanía y no cometan el error de ignorar las demandas legítimas del pueblo. Demandas que se harán sentir a través de este acto de protesta pacífica contra el pacto.

El autor es Licenciado en Comercio Internacional, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas

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