La “derogación” presidencial del Estado de Emergencia Económica que el mismo presidente Bolaños dictó el lunes de esta semana, junto con el rechazo político que los diputados hicieron a dicho decreto, y la designación, al mismo tiempo, de los intendentes y del Superintendente de Servicios Públicos, por parte de los diputados sandinistas y liberales en la Asamblea Nacional, representa sin duda otra grave derrota política para el acosado primer mandatario de Nicaragua.
O tal vez temía el Presidente de la República que las protestas de las organizaciones sociales radicales degeneraran en manifestaciones violentas que condujeran al país a una situación de ingobernabilidad política, como Bolivia y Ecuador.
Según el presidente Bolaños —que dos días antes había retrocedido también en el caso de la “ley Arce” contra la libertad de prensa, la cual mandó a publicar en La Gaceta, a pesar de que no podía hacerlo porque él mismo la había vetado—, el estado de emergencia ya no tenía sentido porque cumplió su propósito de impedir los apagones y el desastre que éstos provocarían a la economía nacional. Sin embargo, aparte de que esas medidas, si hubieran quedado vigentes, serían fácilmente anuladas por la Asamblea Nacional y el Poder Judicial, las ha invalidado el mismo presidente Enrique Bolaños al derogar el estado de emergencia que había dictado apenas tres días antes.
En efecto, para que los ajustes a la tarifa del servicio eléctrico quedaran firmes o fuesen revocadas por el Poder Legislativo, el Presidente de la República debió cumplir el procedimiento que la Constitución y la Ley de Emergencia (que es de rango constitucional) establecen expresamente para este caso. Es decir, el Presidente tenía que “enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de setenta y dos horas, para su aprobación, modificación o rechazo”, tal como lo dice de manera clara e inequívoca el Artículo 150, numeral 9, de la Constitución Política.
Al respecto y por su parte, el Artículo 4 de la Ley de Emergencia (Ley No. 44, promulgada el 14 de octubre de 1988), establece también de manera expresa que: “Si el Decreto (que activa el estado de emergencia) no fuere enviado en dicho plazo a la Asamblea Nacional, perderá su vigencia, restableciéndose plenamente los derechos y garantías, sin necesidad de una nueva disposición”.
En realidad, el Artículo 7 de esta ley que invoca el titular del Ejecutivo en su “derogación” del estado de emergencia, según el cual, el Presidente de la República puede derogarlo “al cesar las causas que lo motivaron, comunicándolo a la Asamblea Nacional”, se refiere obviamente a una situación posterior a la aceptación o modificación de dicho decreto por parte de la Asamblea Nacional, no a la fase previa al cumplimiento del trámite de consideración legislativa, que es constitucional.
Dicho con otras palabras, si el Decreto que el Presidente dictó el lunes pasado no llegó a la Asamblea Nacional, se debe tener como que nunca existió, lo mismo que las disposiciones administrativas tomadas de conformidad con el abortado estado de emergencia. O sea que el aumento parcial de la tarifa eléctrica decretado por el Presidente de la República tampoco existió y así puede determinarlo la correspondiente autoridad judicial.
De manera que no hay cómo evitar los cortes de energía eléctrica, programados o no, con todas las consecuencias desastrosas que tendrán para la economía nacional por la paralización parcial de la industria, restricción del comercio, reducción del empleo, etc. Y esto es peor que el aumento de la tarifa del servicio eléctrico, sobre lo cual el Presidente de la República tenía la razón, a pesar de las molestias de la gente afectada por el aumento a la tarifa y no obstante las ruidosas y amenazantes protestas de los grupos radicales.
Ahora habrá que ver si los políticos que dominan la Asamblea Nacional encontrarán la fórmula mágica para garantizar el normal suministro de energía eléctrica sin aumentar la tarifa, o si van a expulsar del país a Unión Fenosa y a re-estatizar la industria eléctrica. Aunque no sería extraño que se decidieran por los apagones por tiempo indefinido, como en los tiempos de “la noche oscura” que evidentemente siguen añorando los seguidores de Daniel Ortega y de lo cual, al parecer, han convencido a sus asociados del PLC de que es lo mejor para ellos, aunque sea lo peor para el país.
