- Propietarios de finca situada en Ometepe señalan a juez y abogada de cometer anomalías en el proceso
- Juez no emite opinión, y abogada sostiene que está apegada a la ley
José Adán Silva yNoelia Sánchez [email protected]
Anomalías y presuntas irregularidades en un juicio por una valiosa propiedad, ubicada en la Isla de Ometepe, fueron denunciadas por una de las partes en litigio, con la finca La Mascota, en la comunidad Mérida, municipio de Altagracia.
Ángel García, acompañado de Frank Mena Marenco y José Domingo Molina se presentaron a la Redacción de LA PRENSA a denunciar a la abogada Marlene Paisano y a la Juez Civil de Distrito de Rivas, Marianela Paredes, por situaciones que a juicio de ellos son anómalas y les perjudican en el proceso por recuperar una propiedad de 500 manzanas de tierra ubicada en Ometepe.
Según los denunciantes, la abogada Paisano les ha entablado juicios por la recuperación de la finca La Mascota, la cual fue comprada por Mena Marenco a José Domingo Molina y a otros tres socios que la habían recibido por medio de una permuta con el Gobierno, pero que ahora se encuentra invadida por colonos y vecinos de Mérida.
García señala que Paisano inició el proceso judicial cuando fungía como representante legal de la Alcaldía de Altagracia, en la pasada administración municipal de Alcides Flores, y que ahora que ya no es funcionaria sigue peleando los terrenos en nombre de los ocupantes de la propiedad.
De acuerdo con los denunciantes, el caso ha llegado a tal extremo que Paisano pidió el secuestro de la propiedad y la medida le fue concedida por la juez Paredes, a pesar que el poder para litigar por la comuna le fue revocado el 12 de octubre de 2004 ante los oficios de la abogada Mercedes Mejía Incer.
Los denunciantes se quejan de que a pesar que la propiedad fue adquirida legalmente, y que la Corte Suprema de Justicia les ha favorecido con dos sentencias que mandan a restituir los derechos sobre la propiedad, la abogada Paisano insiste en mantener las acciones judiciales y hasta logró que la juez Paredes la nombrara depositaria de la propiedad, a pesar que la demandante no vive en la propiedad en litigio.
García señala que la actuación de Paisano se ha basado en la Ley Agraria de 1917, que está derogada, y que prohibía al Estado la venta de propiedades sobre las costas de ambos océanos y a orillas de los lagos y ríos navegables en una latitud de 800 metros.
Mena teme perder la propiedad y terminar preso por una decisión judicial, pues Paisano gestionó por la vía sumaria una acción de interdicto de amparo en la posesión, contra él y García.
ALEGA DESACATO
La Juez Civil de Distrito de Rivas, Marianela Paredes, se abstuvo de emitir opinión sobre el caso, al ser consultada por LA PRENSA, y remitió al expediente.
La abogada Marlene Paisano sostiene que el 10 de septiembre del 2004 el Tribunal de Apelaciones ratificó las medidas cautelares tomadas por la Juez de Distrito Civil de Rivas, y en su calidad de apoderada judicial «legalmente constituida, solicité a la judicial que se ejecutaran las medidas adoptadas por ella y confirmadas por el honorable Tribunal».
«Considero necesario señalar que estoy apegada estrictamente a la ley y en tanto no sea removida por orden judicial, sigo siendo la depositaria»,argumenta.
Destacó que Mena ha desacatado en varias ocasiones a la autoridad judicial, al penetrar en la propiedad en depósito (de ella), con unos ocho hombres armados «y que irresponsablemente exponían a la población al peligro, al disparar balas en cualquier momento».
CONSULTA A ALCALDÍA
Debido al incidente de nulidad de lo actuado, introducido por Frank Mena, el Juzgado Civil de Distrito de Rivas envió una cédula judicial para a la Alcaldía de Altagracia, en la Isla de Ometepe, para que responda si la abogada Marlene Paisano continúa o no siendo apoderada legal de esa municipalidad. El nuevo alcalde debe decidir.
