La embajadora de Suecia en Managua, señora Eva Zetterberg, declaró a los periodistas que “son los nicaragüenses mismos quienes tienen que tomar las decisiones”. (LA PRENSA, jueves 19 de mayo, 2005). Se refería la embajadora sueca, a la presencia en Nicaragua de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue invitada por el Gobierno del presidente Enrique Bolaños para que viniera a examinar la crisis institucional interna que sufre el país y, supuestamente, para que proponga alguna solución a los actores políticos. De otra manera ¿qué sentido tendría que dicha misión viniera a Nicaragua?
“No pienso que ellos —los comisionados de la OEA— vienen con una solución para ustedes (nicaragüenses), son los nicaragüenses mismos que tienen que tomar las decisiones de ponerse adelante, pero pueden contribuir para comenzar el diálogo de nuevo, y lo más importante ahora es que se pongan de acuerdo para obtener la decisión del FMI”, declaró la embajadora sueca, aludiendo también al peligro de que Nicaragua quede fuera del programa del Fondo y que pierda por eso un considerable apoyo financiero externo.
A finales del año pasado, otra embajadora euro-nórdica recomendó que para resolver la crisis institucional de Nicaragua los políticos se pusieran de acuerdo en posponer la ejecución de las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo —las cuales, como se sabe, son rechazadas por el Presidente de la República porque considera que alteran el balance democrático de los poderes del Estado—, hasta que asuma un nuevo Gobierno, en enero del año 2007.
Sin embargo aquel consejo prudente fue desdeñado por los creadores y protagonistas de la crisis, y lo más probable es que también menosprecien la recomendación de la Embajadora de Suecia, de que los mismos nicaragüenses resuelvan sus problemas.
Este es un problema histórico, recurrente y hasta ahora insoluble en Nicaragua: los líderes políticos saben muy bien qué es lo mejor para el país y a fin de resolver los inevitables problemas, contradicciones y crisis que surgen en el ejercicio del poder gubernamental, pero siempre hacen lo contrario. Además, a menudo ellos se pronuncian en contra de cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, pero siempre están esperando que las soluciones vengan desde afuera, sobre todo si vienen acompañadas de buenas cantidades de dinero en forma de donaciones, préstamos o por cualquier otro concepto.
Se dice que la solidez de las instituciones de la sociedad y la inteligencia de sus líderes se miden precisamente en los momentos de crisis, con su habilidad para enfrentarlos y resolverlos. Es cierto. Pero no sólo la solidez de las instituciones y la inteligencia de los líderes políticos es lo que se mide en las circunstancias de crisis, sino también, en sentido contrario pero complementario, el nivel de su irresponsabilidad, la magnitud de su soberbia y del desprecio que sienten por la nación en la que viven y de la que viven, y la que de una u otra manera les ha confiado su suerte.
Nicaragua tiene tanto potencial material y humano, que es capaz de crecer económicamente a pesar de sus políticos y de las crisis que éstos provocan y se empeñan en agravar. O sea que se podría estar mucho mejor. Nicaragua está a punto de sufrir un colapso energético de imprevisibles consecuencias e inclusive podría perder una cuantiosa y vital ayuda económica externa, porque sus políticos aprueban leyes desestabilizadoras pero bloquean las que se necesitan, e imponen sus puntos de vista e intereses particulares al precio que sea.
O sea que las raíces de la crisis son subjetivas y por lo tanto sería relativamente fácil resolverla. La verdad es que si los titulares del Ejecutivo y el Ejecutivo quisieran resolver la crisis y permitirle a Nicaragua caminar hacia adelante, al paso firme y rápido que está en capacidad de andar, lo podrían hacer cuanto antes, dentro o fuera de eso que llaman “diálogo nacional”. Bastaría, por ejemplo, ponerse de acuerdo en dejar para el próximo período gubernamental la ejecución de las reformas que aprobó la Asamblea Nacional, o su revocación, lo cual sería ser un mandato expreso de los ciudadanos en las elecciones de noviembre del próximo año.
