El Presidente de la República tendrá que vetar la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural (Inprur), aprobada por la Asamblea Nacional el martes de esta semana, porque jurídicamente es inconstitucional y políticamente es inmoral, pues lo que se pretende con ella es legitimar definitivamente la piñata sandinista a cambio de la eventual liberación de Arnoldo Alemán.
Del mismo modo, el Poder Ejecutivo tendrá que hacer uso de los mecanismos legales que estén a su alcance, para no reconocer la “elección” de cargos para la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y las superintendencias específicas, que fue convocada en la misma sesión de la Asamblea Nacional que se celebró del martes de esta semana.
Tal como informó LA PRENSA en su edición de ayer miércoles 11 de mayo, con la creación del Instituto de la Propiedad los sandinoliberales pretenden dejar en indefensión legal a las personas que fueron despojadas de sus propiedades, incluso ciudadanos extranjeros; además le otorgan al director del Inprur —sea sandinista o arnoldista, para el caso es lo mismo— facultades ilimitadas para decidir sobre los conflictos de propiedad; y también atropellan no sólo principios establecidos en el Código Civil sino también garantías fundamentales consagradas en la Constitución de Nicaragua y en la legislación universal sobre Derechos Humanos.
Por otra parte, la aprobación de la ley del Inprur y la “elección” de su director y subdirector, así como la escogencia de los superintendentes arriba mencionados, son actos ilegales porque se originan en una reforma constitucional que fue declarada inaplicable por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Y si bien es cierto que las bancadas del FSLN y el PLC en la Corte Suprema de Justicia aprobaron una resolución que desconoce la sentencia de la CCJ sobre las reformas constitucionales, sin embargo el Poder Ejecutivo reconoce la validez de esta última y por lo tanto no acepta las reformas constitucionales antidemocráticas. Y hace muy bien en no aceptarlas.
Algunas personas consideran que el Poder Ejecutivo no debería vetar la ley creadora del Inprur, porque creen que eso significaría reconocer las reformas constitucionales antidemocráticas. Pero es al revés: si el Presidente de la República no veta la ley del Instituto de la Propiedad, automáticamente estaría reconociendo su validez.
Lo cierto es que no hay ninguna contradicción jurídica ni política en mantener el desconocimiento a las reformas constitucionales antidemocráticas y al mismo tiempo vetar disposiciones legislativas que emanen de las mismas. Semejante contradicción no está señalada por ninguna ley y por lo tanto nadie podría invocarla legítimamente. Por el contrario, el Poder Ejecutivo y las fuerzas democráticas de la sociedad —que rechazan el pacto libero-sandinista y la dictadura bicéfala y corrupta del FSLN y el PLC—, tienen que plantear su pelea por la defensa de la institucionalidad democrática y la moralidad política, en todas las instancias jurídicas que sea posible, tanto nacionales como internacionales.
Al respecto hay que recordar que cuando el Poder Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema de Justicia contra las reformas constitucionales antidemocráticas, también se dijo que con ese recurso el Presidente estaba reconociendo la legitimidad de las mismas reformas que cuestionaba. Y cuando apeló contra dichas reformas constitucionales ante la Corte Centroamericana de Justicia, se afirmó que era un error porque debía haber esperado el agotamiento del recurso en una vía judicial, para poder recurrir en la otra vía, a pesar de que eso tampoco está señalado en ninguna ley ni reglamento.
Sin embargo, a pesar de aquellos cuestionamientos la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que invalidó las reformas constitucionales antidemocráticas es el único asidero legal que tiene ahora el Poder Ejecutivo, en su rechazo de la tentativa del FSLN y el PLC de alterar el sistema democrático de Nicaragua y sustituirlo con una dictadura bicéfala seudoparlamentaria.
No hay que tener miedo a los conflictos jurídicos e institucionales. Sería peor someterse a la arbitrariedad de la dictadura bicéfala del FSLN y el PLC atrincherados en la Asamblea Nacional. La ley, el derecho, la justicia, la razón y la moral están en este caso del lado del Presidente de la República. No debe defraudarlos.
