Hortensia Rivas Zeledón
A mediados del año 1979 colapsó la dictadura de los Somoza. Para sustituirla los nicaragüenses tenían dos opciones: una, la del Frente Amplio Opositor (FAO), cívica y democrática, basada en el estado de derecho y la libertad; la otra era la “solución” armada, aventurera y totalitaria. La mayoría de la población prefirió la solución populista que le ofrecieron los revolucionarios, quienes una vez en el poder suprimieron las libertades y derechos ciudadanos e implantaron el espionaje, la persecución y el encarcelamiento, las confiscaciones, el racionamiento, la escasez y la miseria.
El sistema comunista de los años ochenta destruyó la economía nacional. El salario y el nivel de vida de los nicaragüenses cayó estrepitosamente; la miseria, la represión, el servicio militar y la guerra causaron el éxodo de más 600,000 personas.
El 25 de febrero de 1990 el 60 por ciento de los nicaragüenses votamos por la democracia, la libertad y el estado de derecho. Ante su derrota electoral ellos amenazaron con bañar en sangre el país y para imponer un protocolo de transición contaron con el apoyo de Joao Baena Soares, de la OEA; Elliot Richardson, de la ONU; y Jimmy Carter, ex Presidente de Estados Unidos. En los siguientes 60 días después de las elecciones, cuando normalmente ya no se debe legislar a fin de no perjudicar al nuevo gobierno, aprobaron las leyes 85, 86 y 88 (de la piñata) para robarse casas, haciendas y empresas, que eran mas de 700 y el 25 de abril eran sólo 300. Los que antes del 79 no tenían ni segunda mudada en un santiamén se hicieron latifundistas y empresarios.
Dos semanas después que tomó posesión la presidenta Chamorro le hicieron la primera asonada, por aumento de salario de los empleados públicos que en los once años del sandinismo nunca se aumentó; por el contrario, se redujo en 50 veces. En julio del mismo año hicieron una insurrección. De esa manera lograron que no se revirtieran las leyes de la piñata y que se convocara a la Concertación fase I y II, que sólo sirvió para que se apropiaran del resto de empresas del Estado entre la que estaba Enabus.
En el año 1991 el Partido Conservador presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de la Propiedad que favorecía a los beneficiados con casas y parcelas pequeñas y obligaba a devolver las propiedades grandes. Por eso Daniel Ortega amenazó con poner bombas en las casas de los diputados que votaron por esa ley; y el 23 de noviembre de 1992 asesinaron en El Sauce a Arges Sequeira Mangas, presidente de la Asociación de Confiscados.
En 1992 vinieron al país 300 taxis y 200 buses, y ellos obligaron al gobierno a “venderles” los vehículos a las cooperativas sandinistas. Y en septiembre de 1993, cuando les cobraron porque no pagaban los vehículos, incendiaron el país y mataron al subcomandante Saúl Álvarez, en Portezuelo, y aunque el asesino se vio en televisión no le pasó nada y ellos no pagaron ni un centavo.
En ese mismo año “Pedrito El Hondureño” se tomó Estelí reclamando tierras y asaltó varios bancos, y en noviembre los “estudiantes” hicieron otra asonada por el seis por ciento. Igual fue en 1994 y 1995, el “estudiante” Julio Orozco subió a la puerta del despacho del Ministro de Educación donde se desnudó para mostrar su trasero.
Y así han sido todos estos años, cada vez que quieren más tierras, subsidios o lo que sea, hacen plantones y asonadas con morteros y quemas de llantas e imponen el chantaje y el terror. Pero es la misma población la que tiene la solución. Debemos unirnos todos y con valentía movilizarnos en demanda del fin de la dictadura bicéfala, del chantaje y del terror.
La autora es directiva del Partido Conservador
