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El caso de la “mafia maderera”
El Procurador del Medio Ambiente, Lisandro D´León, denunció que algunos diputados, militares y policías retirados, así como un contralor y delegados del Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente (Marena) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor), forman parte de una “mafia maderera” que está devastando los bosques y explotando la madera de manera irracional e ilícita.
El procurador D´León no mencionó los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos de alto nivel que según él son parte de la “mafia maderera”. Sin embargo, después de su denuncia presentada ante la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, al menos dos diputados se deslindaron indirectamente de semejante imputación: el disidente del PLC, Jaime Morales Carazo, quien comparó a los depredadores de la madera con los bárbaros de Atila; y la secretaria liberal de la Asamblea, Auxiliadora Alemán, que habló del procedimiento que se aplicaría para desaforar y enjuiciar a sus colegas que fuesen acusados por delitos en el tráfico de madera.
Por su parte, funcionarios del Marena minimizaron la denuncia del Procurador del Medio Ambiente diciendo que se trata solamente del caso de una empresa privada, que exportó o pretendió exportar una cantidad de madera mayor a la que fue autorizada. Pero el Inafor, por medio de su oficial de prensa Martina Porta, reconoció que en esa entidad se han descubierto muchos casos de corrupción, por los cuales inclusive se despidió a unas 60 personas; aunque señaló que “de nada sirve procesarlos porque los jueces los han reenganchado en la entidad, pese a que se les ha demostrado actos ilícitos…” (LA PRENSA, jueves 5 de mayo del 2005).
De manera que lo más probable es que la denuncia del procurador D´León no pase a más, pues son muy poderosas las personas a las que confidencialmente se les menciona como miembros de la “mafia maderera” que denunció el Procurador del Medio Ambiente, y están ligadas al más alto nivel de la dictadura bicéfala y corrupta, libero-sandinista, que controla la mayor parte de las instituciones estatales y particularmente la administración institucional de justicia.
Ahora bien, el negocio de la explotación (tala, procesamiento, venta local y exportación) de madera no es un delito en sí mismo, como sí lo es, por ejemplo, la producción y tráfico de cocaína o marihuana. En realidad, el negocio maderero es tan honorable como cualquier otro, siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley, sin abusar de la explotación de los bosques sino explotándolos en forma racional, asegurando la conservación de una riqueza natural tan indispensable para la vida humana, como son los árboles y los bosques.
No se trata de aceptar como válida la exigencia de los conservacionistas a ultranza, para quienes no se debe cortar un solo árbol ni procesar ni un metro cúbico de madera. Ambos extremos son perjudiciales, tanto el de los que pretenden que no se toque ni un solo árbol de los bosques como el de quienes los explotan de manera irracional, depredadora e ilegal.
En realidad, lo correcto es que la explotación de los bosques se maneje en forma óptima y sostenida, como se suele decir ahora. Los árboles y los bosques, como se sabe, embellecen el ambiente, contribuyen a la buena salud de la gente y en general ofrecen valiosos servicios naturales a la sociedad. Pero también aportan la madera, que es indispensable para la existencia humana, y al desarbolarse los terrenos que ocupan los bosques se dispone de extensos campos para agricultura y ganadería.
Precisamente esa utilidad diversa de los bosques indica la necesidad de determinar cuál de los usos es el más conveniente para el país, o mejor dicho, cómo se debe combinar su aprovechamiento. En todo caso, no se trata de explotar los bosques de manera irracional sino de aprovecharlos responsablemente y previendo su renovación, como se hace en otros países donde la ley exige —y se hace cumplir— que por cada árbol cortado se deben sembrar tres.
En este sentido hay que celebrar y apoyar la iniciativa del Inafor que comenzará a ejecutar hoy, al iniciarse oficialmente el año agrícola 2005-2006, un plan de reforestación en todo el país, que ha sido severamente dañado por la depredación forestal.
