- A 15 años de la “piñata” sandinista, se han pagado mil 104 millones de dólares en “bonos de indemnización”
- Otros 500 millones de dólares utilizados en gastos burocráticos intentando resolver el problema de propiedad
Jorge Loáisiga Mayorga
Las cifras dan escalofrío. Uno no se imagina que un país como Nicaragua, que exporta escasos 600 millones de dólares anuales, haya pagado en los últimos 15 años, mil 104 millones de dólares en “bonos de indemnización” para resolver el problema de la propiedad, generado por la denominada “piñata” sandinista.
Otros 500 millones de dólares, financiados con el Presupuesto General de la República y préstamos de la comunidad internacional, se han utilizado para sufragar los gastos del aparato burocrático que intenta resolver el problema de los miles de casos de propiedad surgidos desde 1979 a raíz de las confiscaciones del régimen sandinista liderado por Daniel Ortega Saavedra.
Pero además, se calcula que se deben pagar otros mil millones de dólares en indemnizaciones a reclamantes de propiedades con casos pendientes de resolver.
Los datos no son antojadizos, están reflejados en diversos informes de la Intendencia de la Propiedad, la Oficina de cuantificación de Indemnizaciones (OCI) y la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), donde en 1990 se presentaron 18 mil casos de confiscaciones efectuadas durante el Gobierno sandinista.
Un informe sobre el pago de los bonos de indemnización de la Tesorería General de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), indica que el Estado de Nicaragua ha emitido desde 1993 hasta el 2004, más de 11 billones (11,051,768,198.99) de Certificados de Pago de Indemnización (CPI) y oficialmente el Gobierno reconoce haber pagado, en bonos, una cifra de 1,104,495,952.88 dólares, para resolver unos 8,148 casos de confiscaciones.
“Todo eso es creación de deuda interna. Ese dinero está expresado en bonos y esos bonos se tienen que pagar con los impuestos de la ciudadanía. Este problema que nació con la Revolución sandinista necesita muchos años más para resolverse, aunque ya se han resuelto más de 8,500 casos y otros 6,000 están en proceso de revisión”, asegura el Intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino.
Desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en julio de 1979, hasta abril de 1990, la dirección sandinista emitió una serie de decretos confiscatorios y leyes que reformaron la tenencia de la propiedad. Otros casos se dieron por tomas de hecho o compras de último momento al Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic).
PIÑATA DE MILES DE PROPIEDADES
Sandino hace un recuento de aquellas formas de apropiarse de las propiedades y refiere que las leyes 85, 86 y 88 fueron aceptadas por el Gobierno de Violeta Barrios, mediante el Decreto 31-95.
“Ese fue un acuerdo ejecutivo (el 31-95), producto de un acuerdo político, con el propósito de legalizar de alguna manera lo que había sido hecho de facto, pero guardando ciertas normas de racionalidad, por las características de las personas y las cosas, por ejemplo de casas que no excedieran los 100 metros cuadrados y en el caso de las personas, que no fueran propietarios de otras propiedades y haber estado en posesión de la viviendas antes del 25 de febrero de 1990. Esa es la forma en cómo el Gobierno de doña Violeta estableció una especie de filtro con el propósito de preservar el objetivo de justicia social que se le quiso dar a estas leyes, y en segundo lugar no castigar, pero corregir los excesos”.
Mediante las leyes antes mencionadas, se legalizaron unas 20 mil viviendas que habían sido entregadas por los sandinistas a igual número de familias, que de una u otra forma apoyaron al régimen; 125 mil lotes de tierras fueron entregados a otro tanto de personas que durante los años 80 y los últimos días de la Revolución se tomaron decenas de predios baldíos en la capital y otros departamentos; y con la Ley 88 se emitieron 10,200 títulos de Reforma Agraria para cooperativas sandinistas.
MILES DE TÍTULOS EN UN MES
Otros 16 mil títulos de Reforma Agraria fueron emitidos en el llamado período de transición, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, firmados, en casi todos los casos, con un facsímil que tenía la rúbrica del comandante Jaime Wheelook Román, entonces ministro de Reforma Agraria.
“La realidad es que todos esos títulos, los que se emitieron en los 80 y los que se emitieron en el período de la transición, fueron formalizados en los años 90 y 2000. Muchos de esos títulos habían sido falsificados”, señala Sandino.
Actualmente, en la Intendencia de la Propiedad existen unos 2,000 casos de personas a las que en su oportunidad les fueron denegadas las solvencias de propiedad por la antigua Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), mismas que recurrieron de revisión y aún están a la espera de que se les resuelva su reclamo.
“Con frecuencia uno de los requisitos que falta es el establecimiento de la nacionalidad. Yo he estado firmando, desde que asumí esta cosa hace unos seis meses, recursos que fueron presentados en 1993, 1994. Yo pregunto, ¿por qué tanto tiempo? ¿por qué las personas no llenaron los requisitos? Y con frecuencia lo que les hace falta es la nacionalidad. Entonces hay gente que está pendiente por esos casos, luego hay solvencias denegadas de personas que tenían más de un bien, la ley exige el documento de negativa de poseer más de un bien inmueble. Tenemos una oficina de abogados que se encarga directamente de estar viendo estos casos”, dijo Sandino.
ABUSOS E IMPUNIDADES
El intendente de la propiedad, Alfonso Sandino, dijo que la Reforma Agraria del régimen sandinista fue mal aplicada, porque hubo mucho desorden, tomando tierras por doquier sin pagar indemnizaciones ni registrando las propiedades en las oficinas correspondientes, además de abusos e impunidades en reparticiones de propiedades diversas en la postrimería de la El funcionario dijo que el FSLN distribuyó tierras y formó cooperativas en toda la zona norte y central del país, en los años 80, para confrontar a los campesinos con la Resistencia Nicaragüense o contra, «lo cual me parece atroz y censurable»… Sin embargo Sandino dijo que en los últimos años se ha entregado más tierra que la reglada por el FSLN en los años 80.
DEBEN US$20 MILLONES
El Intendente de la Propiedad aseguró que en el área rural, la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) entregó 104 grandes propiedades con opción a compra, a cooperativas afines al Frente Sandinista, de las cuales no se ha obtenido ningún canon de arrendamiento desde el momento en que fueron entregadas. “Después de 14 años hay un acumulado de más de 20 millones de dólares que adeudan al Estado”.
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