Douglas Carcache
Cuando la policia nicaragüense tuvo que explicar la semana pasada, a una comisión del Poder Legislativo, por qué harían gastar tanto dinero a los ciudadanos obligándolos a cambiar las placas de sus vehículos, el jefe de Tránsito respondió que, si no lo hacían, la institución policial sufriría un colapso económico.
Lo malo es que para salir de la crisis apuntaron a los bolsillos de los propietarios de vehículos, en vez de buscar primero en diferentes carteras del Estado. «No hay dinero», podrían decir los funcionarios de la Presidencia de la República, pero hace una semana LA PRENSA develó que el gobierno había gastado 12 millones de dólares en pagos de salarios a 60 consultores.
El comisionado Manuel Roque, ya sin argumentos, reconoció el trasfondo. La Policía carece de recursos económicos y sus directores ordenaron cambiar las placas de todos los automotores del país, supuestamente para darle más seguridad a sus propietarios, pero el resultado será que el gobierno recaudará más de 70 millones de córdobas, por los aranceles que pagarán los ciudadanos, y parte de ese dinero, unos 13 millones, será para la Policía.
Cada año la Policía nicaragüense se queja de que el gobierno le otorga un presupuesto pequeño, comparado con sus necesidades que, sin duda, han de ser cada vez mayores porque la delincuencia crece y al parecer dispone de más recursos que los garantes de la seguridad ciudadana.
Está bien que el Estado le asigne más recursos a las fuerzas policiales, pero lo incorrecto es que esos fondos extraordinarios se los quiten a los ciudadanos nicaragüenses que además ya pagan una serie de impuestos, incluido el IVA (al valor agregado) más alto de la región de Centroamérica que es del 15 por ciento.
Los 12 millones de dólares que el gobierno distribuyó entre consultores, como parte del programa de reducción de la pobreza, equivalen a más de 199 millones de córdobas, casi el triple de lo que recaudarían con el cambio de placas de vehículos que tardará dos años.
Hasta hoy el gobierno no ha podido demostrar la utilidad de la erogación de 12 millones de dólares en pagos a 60 consultores, cuyo resultado visible parece ser un paquete de recomendaciones escritas que guardan en los archivos de Casa Presidencial.
El gobierno recibió ese dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero es un préstamo, no un regalo, por lo que tarde o temprano habrá que pagarlo con la misma plata que los ciudadanos nicaragüenses le pasan al Estado como impuestos.
Lo menos que pueden esperar los ciudadanos es que ese dinero sea usado con eficiencia y, en este sentido, hubiera sido más útil invertirlo en seguridad ciudadana, a través de la Policía, porque el beneficio habría sido directo para la población; primero porque esta sería más protegida y, segundo, porque esa seguridad atrae más inversión empresarial y con ella nuevos empleos. Si se trata de reducir la pobreza, la protección policial cuenta mucho.
