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Vergonzoso segundo lugar
El mismo día que se conoció la noticia de que Byron Jerez fue liberado de casi todos los cargos y penas por delitos de corrupción, se informó también que Transparencia Internacional (TI) había publicado un informe en el que ubica a Nicaragua en el segundo lugar de los países más corruptos de América Latina.
En efecto, el sábado 19 de marzo corriente LA PRENSA informó que un Juez de Primera Instancia absolvió definitivamente al ex Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís, por el caso del fraude al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). Y además, señaló la referida información, “la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada por los magistrados Enrique Chavarría, Silvia Rosales y Martha Lacayo, dejó lista, pero sin notificar a las partes, una sentencia de absolución a favor de Jerez en un caso en el cual había sido encontrado culpable por un jurado de conciencia y condenado a ocho años de prisión”.
En esa misma edición de LA PRENSA se informó que “Nicaragua continúa ocupando uno de los primeros lugares entre los países más corruptos de Latinoamérica, según el último informe de Transparencia Internacional (TI)”, y al respecto de manera significativa se señala que “su actual sistema judicial —de Nicaragua— es criticado ampliamente por su lentitud y excesiva politización…”
Pero ojalá que sólo fuera su excesiva lentitud. Lo más grave es que ésta administración de “justicia” favorece a los corruptos, propicia la impunidad que es todavía peor que la misma corrupción. De modo que con un Poder Judicial así de muy poco o de nada sirve que la rama ejecutiva del Gobierno, junto con una parte importante de la sociedad y los medios de comunicación social independientes, libren una lucha titánica contra el cáncer económico, político y moral de la corrupción.
Es muy bien sabido que la eficacia de la lucha contra la corrupción depende ante todo de que en ella participe honestamente la autoridad judicial. La administración de justicia es la que más responsabilidad tiene en la lucha contra la corrupción en los poderes públicos y en la sociedad, porque a ella le corresponde sancionar los delitos, castigar y mantener la integridad del orden legal y constitucional, no sólo dirimir los litigios entre las personas particulares. Sin embargo, lo que ha hecho el aparato judicial del Estado de Nicaragua, dominado deplorablemente por los caudillos y las cúpulas de los partidos mayoritarios, es colocarse al lado de los corruptos.
Precisamente por eso es que desde el comienzo de la lucha contra la corrupción se planteó que era necesario despolitizar y despartidarizar —o sea, sanear— la administración de justicia. Para lo cual ante todo había que aprobar una ley de carrera judicial que permitiera el nombramiento de jueces y magistrados a base de su idoneidad profesional y personal, no por su filiación política y mucho menos por su compromiso con los caudillos corruptos de los partidos mayoritarios.
Pero, ¿cómo integrar una administración de justicia íntegra y confiable si quien nombra a los magistrados es un Poder Legislativo cuyos miembros en su gran mayoría han sido a su vez designados por los mismos caudillos políticos corruptos? La verdad es que mientras la Asamblea Nacional no sea integrada por personas que por su honorabilidad y responsabilidad patriótica quieran luchar contra la corrupción, se echan a perder esfuerzos como el del actual Gobierno, que al menos ha “aumentado la transparencia presupuestaria para presentar varias asignaciones de presupuesto y gastos en Internet”, según lo reconoce Transparencia Internacional.
Por otro lado, también hay que señalar que el estado de impunidad no sólo es culpa de quienes controlan las instituciones y las subordinan a los caudillos y a las cúpulas políticas. De esto también son responsables quienes en la sociedad en general y en la empresa privada en particular, respaldan de una u otra manera a los políticos corruptos.
Nos referimos específicamente al caso insólito de una delegación de alto nivel de la empresa privada que fue a reunirse con Arnoldo Alemán —un reo condenado a 20 años de presidio por graves delitos de corrupción contra el pueblo de Nicaragua—, para cabildear políticamente. ¿Habráse visto semejante barbaridad?
