Roman, Times, serif»>
Los diputados y la Primera Dama
Una representante de la Asociación Nicaragüense de Mujeres en lucha contra el Cáncer (Asmucan) visitó la redacción de LA PRENSA para solicitar la publicación de una carta, que aparece en esta misma edición, en la que protestan contra los diputados que le quitaron al Despacho de la Primera Dama una asignación de la Lotería Nacional para financiar obras benéficas, y la trasladaron al fomento del deporte de acuerdo con una ley de la materia recientemente aprobada.
Realmente es una inaudita crueldad de los diputados dejar a esas mujeres enfermas de cáncer sin un respaldo que para ellas es cuestión de vida o muerte. Sin duda que el deporte necesita apoyo del Estado. Pero, ¿por qué hacerlo sacrificando a estas mujeres que no tienen ninguna otra posibilidad de atender su mortal enfermedad?
Además, la decisión de los diputados de quitarle al Despacho de la Primera Dama los fondos asignados por la Lotería Nacional, que perjudica directamente a las mujeres cancerosas, es todavía más despiadada porque la tomaron por revanchismo político contra el presidente Bolaños.
Dicen los diputados que el Despacho de la Primera Dama no tiene sustento legal y cumple funciones que le corresponden a los ministerios de Salud y de la Familia. Ciertamente, de acuerdo con la Constitución semisocialista de Nicaragua, ningún nicaragüense debería tener problemas de salud porque el Estado tiene la obligación de resolverlos. Pero la realidad es que muchas personas recurren a la caridad pública y al apoyo de entidades como el Despacho de la Primera Dama, porque el Estado no atiende sus problemas ni resuelve sus dolencias.
Por otro lado, es cierto que el Despacho de la Primera Dama no está creado en la Constitución ni en la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo). Y sin embargo funciona como una dependencia de la Presidencia de la República y opera con fondos públicos, además de las donaciones particulares que recibe regularmente. Pero si lo que quieren los diputados es ordenar legalmente el funcionamiento de ese Despacho que presta un servicio social con fondos públicos, deberían reformar la Ley 290. O prohibirlo simplemente, y comunicarle a la Primera Dama que si quiere seguir haciendo obras de caridad que organice una fundación privada y que utilice sus propios recursos y donaciones particulares.
Ahora bien, no sólo en Nicaragua sino que en muchas otras partes del mundo operan de hecho los despachos de las primeras damas. Es una dignidad honoraria de las esposas de los jefes de Estado que ellas aprovechan para apoyar a sus esposos con obras sociales y de caridad. Al parecer, la costumbre hispanoamericana de reconocer a la esposa o a la hija mayor del Presidente, con la dignidad de Primera Dama, comenzó en Argentina a mediados del siglo XIX, durante la dictadura de Juan Manuel Rosas, cuya hija, Manuelita, hacía obras caritativas y favores políticos —por medio de una entidad que la gente llamaba Ministerio de la Misericordia—, para procurar respaldo popular a su padre que gobernaba por medio del terror.
En la actualidad, las primeras damas de las Américas tienen inclusive una asociación internacional que fue promovida por las esposas de los presidentes centroamericanos en los años ochenta para respaldar sus esfuerzos por la paz y la democratización regional. Al instituirse de manera permanente la Conferencia de Primeras Damas de las Américas se reunió por primera vez en Venezuela en 1991 y se reúne ahora anualmente con el propósito de ayudar a resolver problemas sociales comunes que estén a su alcance, particularmente los relacionados con la mujer, la infancia y la familia .
Pero no sólo en Nicaragua sino también en otros países —como por ejemplo México y Perú— las actividades de las primeras damas son cuestionadas por su falta de sustento legal. De manera que lo que se debería hacer es legalizarlas, o prohibir sus actividades, pero de una manera honesta y no por rencillas politiqueras. Y en nuestro caso el apoyo a las mujeres enfermas de cáncer y a otras personas que son beneficiadas por el Despacho de la Primera Dama debería asumirlo la Asamblea Nacional a cuenta de su cuantioso presupuesto autoasignado, que como es bien sabido da hasta para financiar el proselitismo político de los diputados.
