Iván de Jesús Pereira
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Por la libertad de expresión
Iván de Jesús Pereira
La consagración en la Constitución Política de la libertad de prensa tiene en Nicaragua una larga historia, ha costado sangre, destierro, mártires y muerte.
No ha sido regalía de ningún régimen, ni mucho menos la concesión gratuita de alguno de nuestros tiranuelos. La Constitución sandinista de 1987 consagró tímidamente en su artículo 68 la libertad de expresión a través de los medios de comunicación social que iban a estar al servicio de los intereses nacionales. Sin embargo, el intérprete de qué significaban los intereses nacionales era tanto el partido sandinista como el censor de turno.
La coalición opositora UNO enarboló como una de sus principales banderas en su programa de gobierno una profunda reforma a la Constitución. Con la reforma de 1995 se consagró entre otras cosas la plena libertad de expresión, la de los medios de comunicación y la contribución de éstos al desarrollo de la nación.
Hoy los honorables diputados liberales y sandinistas pretenden pasar una reforma que hiere dicho derecho, olvidándose del alto costo político y social de dicho principio.
La mente de nuestros políticos parece haber olvidado que para llegar a ese artículo 68 tal como está redactado, tuvimos que pagar entre otros tristes casos, en la época del régimen de los Somoza: la clausura del diario La Tribuna, de Salvador Buitrago Díaz, destruida por los camisas azules en 1937; el cierre de El Gran Diario, del liberal Adán Selva, en los años cincuenta; el cierre del diario Flecha, del liberal Hernán Robleto, en 1954; cierre de El Cronista, de Rafael Corrales, a la muerte del general Anastasio Somoza García en 1956; el asalto a Radio Mundial, del conservador Manuel Arana Valle, en 1957; la clausura de Radio Panamericana, del liberal Gabry Rivas, en 1958; la destrucción del semanario Impacto, del polifacético Ignacio Briones Torres, en 1960; la promulgación del Código de Radio y Televisión, de triste recordación, llamado Código Negro; la destrucción de radio Mi Preferida en 1978; dinamitación y destrucción de Radio Futura, de Jesús Miguel Blandón en 1979; el bombardeo al Diario LA PRENSA y la muerte de su director Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en ese mismo año.
En el régimen sandinista: la confiscación del diario Novedades, en 1979; la clausura del diario El Pueblo del MAP-ML; la represión al periódico comunista Avance, de Elí Altamirano; la confiscación a la familia Sacasa, del Canal 2; la confiscación de Radio Corporación, en las acciones de Fabio Gadea Mantilla; las diferentes clausuras del Diario LA PRENSA; y la censura ejercida despiadadamente por el Ministerio del Interior que jefeaba el ahora diputado, don Tomás Borge Martínez.
La reforma que pretende eliminar de la Constitución Política la exoneración a los medios de comunicación del país, lo que pretende es rebajar a una ley ordinaria un principio constitucional. Querer hacer una distinción entre medios que cumplen una función social y los que no lo cumplen, o querer distinguir entre los medios débiles y los medios fuertes es una cosa insana que muchas veces conduce a la “debacle moral”.
Todos somos iguales ante la ley. Cuando se empieza a distinguir entre unos y otros se cae en los “torbellinos de la muerte”. Los alemanes empezaron el Holocausto distinguiendo entre judíos alemanes y no alemanes, entre ricos y pobres, entre cultos e incultos, entre judíos combatientes de la primera guerra y judíos no combatientes.
Nosotros, en 1979 vitoreamos las confiscaciones sin figura de juicio a Somoza, a los somocistas y a los guardias, sin darnos cuenta que estábamos abriendo la Caja de Pandora y por ahí se nos coló el Estado totalitario, el exilio y la guerra civil.
Al rebajar la garantía constitucional a una simple ley, las puertas están abiertas para que venga un sátrapa y nos empiece a poner el bozal vía impuestos. Esto ya ha pasado y nadie nos garantiza que no vuelva a suceder. Sólo la majestad del texto constitucional nos preserva ese derecho.
El autor es abogado y notario.
