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La reforma del artículo 68
Al margen de las trampas que están haciendo ahora las cúpulas del FSLN y el PLC para incumplir o cumplir a su manera el Acuerdo por el Diálogo Nacional, queremos llamar la atención en el punto 6, inciso e), en el cual se establece que uno de los puntos a tratar será el “Tratamiento impositivo de los medios de comunicación”.
Entendemos que eso significa que en el Diálogo Nacional van a discutir la reforma al artículo 68 de la Constitución, que no ha sido aprobada en segunda legislatura y que si fuera ratificada perjudicaría gravemente a los medios de comunicación. Pero lo que se debe hacer con la mencionada reforma es simplemente desestimarla, engavetarla o rechazarla, porque es un atentado contra la libertad de expresión y de información. Inclusive, así lo han reconocido los partidos Unión Demócrata Cristiana (UDC) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que son los principales aliados del FSLN en la Convergencia Nacional y los que han expresado claramente su desacuerdo con la reforma del artículo 68 de la Constitución.
Como se sabe, en el artículo 68 de la Constitución se establece que “La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales”.
Esta disposición fue incorporada a la Constitución por la reforma constitucional democrática de 1995, con el objetivo de proteger a los medios de comunicación social de presiones políticas a través de imposiciones fiscales —legales o de hecho, taxativas o discrecionales—, así como para evitar que el aumento de los costos de producción y operación de los medios los haga inaccesibles a muchísimos nicaragüenses.
Pero ahora, nada más que para castigar a los medios de prensa que hemos denunciado la corrupción y descubierto las verdaderas motivaciones del pacto bipartidista de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán, y para coartar la libertad de prensa que es un estorbo para algunos políticos corruptos pero poderosos, al final de la legislatura pasada presentaron una iniciativa para modificar el artículo 68 de la Constitución y suprimir la exoneración a los medios.
Por cierto que la propuesta de modificación del artículo 68 no es parte de la reforma constitucional principal. La iniciativa de reforma del artículo 68 es un pegoste de última hora, fraguado por diputados que sienten una aversión enfermiza a la libertad de prensa.
De allí que el partido MRS, aliado del FSLN en la Convergencia, haya declarado que “las acciones punitivas contra la libertad sólo han acarreado violencia y dolor a lo largo de nuestra historia”, y que, “otra reforma constitucional sólo es aceptable en la medida que fortalezca la institucionalidad del país”. Por su parte, la UDC afín al FSLN expresó que “no se debería abolir la exoneración fiscal a las adquisiciones de bienes por los medios de comunicación, sino que establecer la regulación del artículo 68 constitucional con referencia a las exoneraciones, para evitar las discrecionalidades que fomentan el favoritismo para con algunos sectores informáticos”.
Al parecer la UDC tiene información sobre medios de comunicación que han sido beneficiados con “discrecionalidad y favoritismo”, suponemos que del Gobierno. Pero debería darla a conocer públicamente, porque los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los medios que han sido beneficiados con discrecionalidades y favoritismos.
En todo caso, los pronunciamientos de los aliados del Frente Sandinista en la Convergencia han venido a corroborar lo que hemos asegurado y demostrado en reiteradas ocasiones: que no es necesario reformar el artículo 68 de la Constitución; y que hacerlo significa atentar contra la libertad de prensa, porque no se perjudicaría sólo a los propietarios de los medios de comunicación sino también y de manera más inmediata y negativa a los periodistas y demás trabajadores de la información, así como a toda la población que tendría que pagar más por el acceso a los periódicos y otros medios informativos.
Ojalá, pues, que los diputados sandinistas de dignen escuchar la sensata opinión que han expresado sus aliados en la Convergencia Nacional, y desistan de apoyar la insensata reforma del artículo 68 constitucional.
