Freddy Potoy Rosales
Roman, Times, serif»>Mi Punto de Vista
El artículo 68
Freddy Potoy Rosales
El sistema Parlamentario o el Republicano son legítimos en tanto y en cuanto se desarrollen en el marco de la ley, lejos de todo ánimo de perjudicar a los adversarios políticos y consecuentemente, al mismo pueblo, pero en Nicaragua el asunto es muy singular porque el Parlamento se enfrenta sin tregua a un Ejecutivo vulnerable.
La reforma del artículo 68 de la Constitución Política, en la que los parlamentarios eliminan la exoneración de algunos impuestos a los medios de comunicación plantea dos situaciones. Primera: Si la Dirección General de Ingresos (DGI) registra que los propietarios de los medios de comunicación han cumplido con sus obligaciones fiscales y no incurrieron en abusos, lo saludable es que este derecho constitucional siga vigente, de lo contrario los costos de producción se elevarían y el usuario final tendría que pagar ese incremento del producto.
Segunda: Si los parlamentarios esgrimen, principalmente, que hubo abusos de esas exoneraciones por parte de los propietarios de algunos medios de comunicación, en el marco de una administración pública transparente, deben dar a conocer los mismos, porque tan corrupto es el que da como el que pide.
Los parlamentarios (en su pleito con el Ejecutivo), a la vez se enmarcan dentro de la histórica lucha de poder entre la libertad de expresión y el imperium para perseguir a quienes ponen en entredicho la autoridad de los funcionarios de los distintos poderes del Estado, la Iglesia, los políticos u otras personas.
La labor periodística que investiga el actuar de miembros de la administración pública, no atenta contra el honor de sus funcionarios, sino que da a conocer determinado proceder de quienes hacen uso inapropiado de recursos de la Hacienda Pública, transgrediendo la ley y causando perjuicios al país.
A los políticos les molesta que se ponga en cuestión su autoridad porque les resta legitimidad. Por eso, a la vez que protegen constitucionalmente la libertad de expresión y de información, aprueban otros procedimientos jurídicamente relevantes para perseguir y castigar a quienes cuestionen su imperium.
El Parlamento se basa en su más sólido e insoslayable pilar: control y restricción mediante ley. La opinión pública libre, la libre discusión de ideas, el mercado libre de ideas se ve afectado por otras dos razones: política y dinero. Poco espacio le queda a la libre discusión de ideas, cuando de la verdad se trata. Se ha pasado de los censores de la dictadura somocista y del régimen militar sandinista a la moderna, refinada y legal forma de coartar la libertad de expresión y de información en el Parlamento nicaragüense.
Pero esa verdad se tiene que imponer acallando al que la discute o la niega, porque este bien preciado de la teoría política clásica, su búsqueda, descubrimiento y posesión es la sustancia del Estado y su luz alumbra a la justicia.
Debemos recordar que la política no es un lugar apropiado para hablar de la verdad, porque en ella no existe. Esto, inevitablemente, también merece una profunda reflexión de los propietarios de medios de comunicación y los periodistas mismos para evitar que acallen las voces de quienes opinan distinto. El mundo cambia y las cosas nunca vienen solas.
