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La voz del pueblo
Según el sondeo rápido que hizo M&R sobre las controvertidas reformas constitucionales que están aprobando los diputados adeptos a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán para cambiar el sistema de gobierno de Nicaragua —de presidencialista a parlamentario o semiparlamentario—, más del 90 por ciento de las personas entrevistadas expresaron su opinión de que se debe consultar a la población para aprobar definitivamente dichas reformas.
Es lógico que la gran mayoría de la población se exprese así. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con las reformas, a nadie le puede gustar que un pequeñísimo grupo de sujetos se arrogue el derecho de decidir por todos los nicaragüenses acerca de asuntos tan trascendentales como los que implican esas reformas constitucionales.
Mal que bien, la gente entiende que la condición de ciudadano consiste en tener y ejercer el derecho a participar en la toma de decisiones y cambios trascendentales, como lo es sin duda el que en las elecciones del 2001 se eligió a un Presidente para ejercer determinadas facultades de Gobierno, pero de repente, a medio camino, menos de cien personas deciden quitarle tales facultades, y, peor aún, las asignan a ellos mismos.
En algunos medios se ha querido descalificar el sondeo de M&R, según dicen por la supuesta “contradicción” de que en un dato se afirma que más del 90 por ciento de las personas entrevistadas “piden que diputados consulten las reformas a la población”, y en otra parte se informa que el 52 por ciento aseguró no haber escuchado el discurso del presidente Bolaños, el jueves de la semana pasada. ¿Pero acaso no es posible tener la opinión de que se debe consultar al pueblo sobre las reformas constitucionales, independientemente de haber escuchado o no el mensaje presidencial?
De todas maneras, como lo prevén las mismas personas que fueron consultadas en el sondeo de M&R, los diputados no van a tomar en cuenta la voz del pueblo. Ellos están aprobando unas reformas constitucionales que cambian el sistema de gobierno y atentan contra las libertades públicas de los nicaragüenses, a espaldas de la población, para vengarse —los diputados arnoldistas— del presidente Bolaños porque éste acusó de corrupto a Arnoldo Alemán, y para ejercer todo el poder del Estado —los sandinistas— desde la Asamblea Nacional. Y lo que menos les interesa y conviene es tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos.
Al respecto también es importante considerar que, según el sondeo de M&R que publicó ayer LA PRENSA, el 94.6 por ciento de los encuestados expresó estar de acuerdo con que se consulte al pueblo para reformar la Constitución, pero al mismo tiempo, el 71.7 por ciento dijo no estar de acuerdo con que el Presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, aunque tuviera el respaldo del Ejército y la Policía Nacional.
Es lógica y comprensible esta opinión popular, pues refleja el sentimiento de una población que sufrió mucho en el pasado precisamente como consecuencia de las medidas de fuerza que aplicaron los sandinistas durante el régimen de los años ochenta, e impusieron los liberales bajo la dictadura somocista del período 1936-1979, para no remontarnos a etapas anteriores de la historia nacional.
En realidad, el presidente Enrique Bolaños podría invocar razones de seguridad nacional —que están contempladas en la Constitución Política de la República— para decretar el Estado de Emergencia, disolver la Asamblea Nacional y pedir al Consejo Supremo Electoral (CSE) que convoque a elección de nuevos diputados en el término de unos cuantos meses. Y si el CSE se negara a hacerlo, disolverlo también. Pero esto conduciría a una escalada de imprevisibles consecuencias, podría sumir al país en un caos político y revertir todos los logros que se han alcanzado bajo el sistema democrático de gobierno.
De manera que aunque tuviera el respaldo del Ejército y la Policía, el presidente Bolaños sí debe escuchar la voz del pueblo y no caer en la trampa de contestar con un contragolpe de fuerza, al golpe de Estado “técnico” que están dando los diputados libero-sandinistas con estas reformas constitucionales.
