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“Por las buenas o por las malas”
En su mensaje a la nación sobre las reformas constitucionales que están aprobando los diputados del PLC y el FSLN para cambiar el sistema político y de gobierno del Estado, el presidente Enrique Bolaños denunció que esos dos partidos tratan de imponer una dictadura de dos cabezas, y advirtió que él se opondrá a eso “por las buenas o por las malas”.
Sin embargo, la alocución presidencial no satisfizo a las personas más beligerantes del sector democrático anti-pacto, que esperaban algo más concreto y drástico contra los diputados que están asestando un golpe de Estado “legal” contra las instituciones democráticas, apropiándose del erario y atentando contra la libertad de prensa. Y por otro lado, el mensaje presidencial exasperó a los dirigentes de los partidos pactistas, quienes esperaban que el presidente Bolaños les pidiera una negociación bilateral o un “diálogo nacional”, es decir, que se doblegara.
En realidad, si el Presidente de la República hubiera anunciado la clausura de la Asamblea Nacional, probablemente la gente se hubiera lanzado a las calles para manifestar su aprobación en forma multitudinaria y jubilosa. Sin duda que no son pocos los nicaragüenses que quisieran ver despojados de sus cargos, y hasta en la cárcel, a los diputados de ambos bandos.
Pero la crisis institucional creada por los diputados pactistas no se resuelve con actuaciones viscerales ni con decisiones precipitadas y al margen de la Constitución y la ley. El presidente Bolaños debe agotar todos los recursos constitucionales y legales que tiene a su disposición. Y al respecto es bueno que haya presentado sus excelentes cuatro propuestas de reformas constitucionales democráticas: no reelección presidencial absoluta, reducción del número de diputados a la Asamblea Nacional, elección directa —no en listas cerradas decididas por las cúpulas y los caudillos de los partidos— de los diputados, y referendo obligatorio para aprobar o rechazar decisiones trascendentales de los poderes públicos, como por ejemplo estas reformas constitucionales.
Sin embargo, el hecho de que según el artículo 191 de la Constitución, el Presidente de la República tenga capacidad de iniciativa para proponer reformas constitucionales parciales, no significa que se vayan a aprobar, ya que esta decisión es potestad de la Asamblea Nacional. Y lo más seguro es que los diputados pactistas rechazarán la propuesta presidencial de reforma constitucional, o simplemente la van a engavetar.
En todo caso, el Presidente de la República por mandato constitucional tiene el deber de defender la seguridad de la nación, y para ello debe ejecutar las medidas que sean necesarias, inclusive las más enérgicas, siempre y cuando estén en el marco de la Constitución y la ley. Además, la defensa de la seguridad nacional es también responsabilidad de los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución en sus artículos primero y segundo. La soberanía nacional reside en el pueblo y es deber de todos los nicaragüenses preservarla y defenderla, establece la suprema ley constitucional.
El enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Ejecutivo no debería llegar al extremo, tal como lo ha dicho la Embajadora de Finlandia. Los contendientes políticos deberían darse una tregua y decidir que las reformas constitucionales se apliquen hasta en el 2007, si es que los ciudadanos las aprueban en las elecciones nacionales del 2006. El Presidente de la República debería acoger esta idea y retar a los pactistas a que también la acepten.
Pero lo más importante es que los ciudadanos se movilicen, no para defender al Gobierno sino para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática, resguardar los recursos económicos nacionales y garantizar su propia tranquilidad política y social.
El Presidente de la República tiene razón cuando dice que “se está gestando un Golpe de Estado Constitucional. Se pretende el regreso a otra dictadura —colectiva, de dos cabezas, pero dictadura al fin”—. Los diputados están abusando de su poder al aprobar disposiciones que cambian la forma del Estado, al ignorar la ética y atropellar la justicia, con lo que están alterando la paz y desvirtuando las instituciones que garantizan la convivencia civilizada en libertad.
Hay que disuadirlos. Y si de todas maneras hacen su capricho, hay que exigirles cuenta y hacerles pagar lo que corresponda.
