Hugo Ramón García
Nicaragua es un país que está lleno de leyes, dictadas por la Asamblea Nacional, y corroboradas por el Poder Ejecutivo, órganos competentes de la nación para este tipo de atribuciones, pero los señores diputados de tanto que quieren hacer, no hacen nada, y se han “olvidado” de redactar una ley muy necesaria y oportuna, que de aprobarse y aplicarse se evitarán sin duda muchas desgracias. No darle a cualquiera portación de armas de fuego, salvo y en caso de fuerza mayor, por motivos especiales, única y exclusivamente a ganaderos, cafetaleros, finqueros y comerciantes, de reconocida solvencia ciudadana que por motivos de protección personal, sin ánimo de provocación, la requieran.
Esto vendría a ser, lógicamente, una ley magnífica. Las estadísticas de asalto a mano armada, suicidios, crímenes pasionales, homicidios, parricidios y asesinatos, bajarían considerablemente, y tanto la Policía Nacional como los tribunales comunes de la justicia ordinaria no se mantuvieran sometidos a una tensa situación en sus funciones jurisdiccionales.
Esa ley al convertirse en una “ley de la República”, sería un formidable termómetro para saber hasta dónde los nicaragüenses somos capaces de vivir en paz para alcanzar algún día la civilización. Nunca es tarde para reflexionar, porque si el hombre por mandato de su creación está dotado de razón, por qué le rinde culto a la violencia a sabiendas de los enormes daños que se causa a sí mismo y a la sociedad.
Los señores legisladores que ocupan lujosos escaños en el Parlamento, y quienes se abanican con sus enormes sueldos en dólares, tienen la gran responsabilidad de hacer posible la promulgación de esta ley para que a la República no la sigan manchando de sangre quienes conviven con la violencia y estiman que ella nomás es la mejor —fórmula— para salir de los problemas.
Nadie por cuestiones de discernimiento, está facultado a alterar al público, mucho menos hacer uso irracional de un arma de fuego para caer en los extremos de un delito, ocasionándole la muerte a alguien. Desde lo hondo de la conciencia se demanda una apertura de madurez, y se exige del Poder Legislativo la redacción de una ley de tal naturaleza para proteger a la República de tantos hechos deplorables.
En Nicaragua es necesario y urgente deponer la fuerza bruta, y dar paso a la sana acción del buen entendimiento. Somos un país que tenemos capacidad para asimilar las cosa positivas, y no se justifica de ninguna manera que la cultura de la violencia siga apoderándose de la voluntad personal para caer en los extremos de una conducta machista que deja mucho que decir frente a los retos de un nuevo siglo que demanda para siempre una provechosa reflexión como resultado de los mejores propósitos que cada quien se tiene que imponer.
El autor es periodista de Somoto
