Pedro López Casuso*
En los últimos años, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva a propósito del caso de Costa Rica, los periodistas profesionales de América Latina hemos dejado a una organización de empresas periodísticas, la SIP, como única portavoz de la oposición a la colegiación.
El caso es que la SIP tiene sus propios argumentos (muy legítimos, pero desde su óptica). Y a veces, por su procedencia —una organización patronal—, esos argumentos son rechazados por portación de firma sin prestarle atención a su contenido. No es frecuente que las organizaciones de periodistas hagan oír los suyos.
Un día de 1994 en el ex Congreso de la República de Venezuela, una diputada del partido verde (social cristiano, Copei) propuso en Cámara una reforma al Código Penal que contemplara la pena de muerte. Gran escándalo. Por varios días la prensa no habló de otra cosa.
Mientras el país se escandalizaba, esa noche, a última hora, lo que se aprobó fue el reglamento de la Ley de Ejercicio del Periodismo, consagrando la exclusividad profesional a los licenciados-colegiados y sancionando con prisión el ejercicio ilegal.
Pocos diarios del bloque de prensa recogieron la noticia ni delante ni detrás. Cortina de humo. Todos estaban nublados mientras la clase política le aprobaba a los periodistas su parcelita, sólo un medio del bloque, el diario La Verdad, publicó un titular (mas no en primera página): “Pena de muerte a la libertad de expresión”.
Todo el bloque calló. Unos meses después pidieron la nulidad y nueve años más de silencio a la espera de la sentencia, ahora de una Corte chavista.
Definitivamente la SIP no parece ser el líder que nos llevará al éxito.
* Periodista venezolano
