José Antonio Peraza [email protected]
En el mes de mayo de 1948 sucedió un hecho insólito en la historia de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. En una carta, José Figueres, posteriormente presidente de Costa Rica, pidió al profesor Edelberto Torres su ayuda para convencer a Rosendo Argüello (nicaragüense, jefe de las fuerzas que iban a invadir Nicaragua) para que no buscara líos personales ni arriesgara su posición al oponerse a las represalias que el ejército de Figueres estaba infringiendo a los vencidos.
Este hecho histórico me llamó a la reflexión de lo contradictorio que es la historia. El hombre que justificaba la represión fue el mismo que abolió el ejército (mayor logro civilizacional, según Kant) y quien fundó la Costa Rica moderna. Lo paradójico de este hecho es que muy pocas veces en la historia los nicaragüenses hemos enseñado políticamente algo a los costarricenses.
No obstante, la Costa Rica que nació después de 1948 fue realmente otra, y el resultado fue producto de los hombres que participaron en ella. No hay duda que el modelo de desarrollo hacia dentro con un Estado interventor y la convicción de fundar instituciones autónomas e independientes para eludir injerencias que las desviaran de sus tareas eminentemente técnicas, fue uno de los principales aciertos que se plasmaron en la Constitución de 1949.
Dentro de esa línea se estableció un Tribunal Supremo de Elecciones, una Contraloría General de la República, se instauró el régimen de servicio civil y se otorgó a las municipalidades amplia autonomía. En el ámbito económico, para sustentar la reforma política-institucional se nacionalizó la banca, se crearon plantas eléctricas, se construyeron fábricas de cemento, una central lechera, un amplio programa de obras públicas, la construcción de viviendas populares, incentivo a la producción del mercado interno y la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad.
Esta armazón económica-institucional que permitió el progreso, entró en crisis y colapsó en 1982 cuando Costa Rica experimentó una de las peores crisis económicas de su historia. Es a partir de allí cuando se inicia un cambio del modelo de sustitución de importaciones a un modelo hacia fuera, de promoción de las exportaciones. Ese cambio ha provocado que las instituciones del Estado que nacieron en la década del cuarenta tengan dificultades para adaptarse al nuevo modelo.
No obstante las similitudes, las soluciones institucionales son totalmente diferentes en los dos países. Costa Rica cuenta con un Poder Judicial que, aunque no es perfecto, goza de grado de legitimidad mucho mayor que el nicaragüense, no está partidizado y cuenta con hombres y mujeres de probadas calidades tanto éticas como profesionales en los más altos cargos del poder judicial. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo del Poder Judicial nicaragüense que está dividido en bancadas partidistas y cuenta entre sus miembros con personas de cuestionada actuación, incluso en los de más alta investidura.
Una muestra de las soluciones institucionales diferentes fue que ante los escándalos de corrupción, el Partido Unidad Social Cristiana suspendió la condición de militante a los ex presidentes involucrados hasta que no se aclare su situación; y Rafael Ángel Calderón, hijo del caudillo que creó CCSS, puso a la disposición de la Corte Suprema de Justicia una suma mayor a los 500 mil dólares, como garantía por las acusaciones de haber recibido esa misma cantidad en pago por favores a una empresa que proveyó equipo médico a la CCSS a través de un préstamo finlandés.
Incluso en uno de los más grandes errores de la clase política costarricense, como fue la revocación por la Sala Constitucional de la reforma constitucional de 1969 que prohibía la reelección presidencial, parece que los recientes escándalos y sus repercusiones han puesto a pensar a Oscar Arias Sánchez en lo conveniente de aspirar nuevamente a la Presidencia.
La historia ha puesto nuevamente a Nicaragua en la encrucijada de avanzar o retroceder, de aspirar a la modernidad o permanecer hundida en el atraso institucional y económico. Desde el día que leí sobre la actuación de don Rosendo Argüello, comprendí que los nicaragüenses también podemos actuar éticamente en política. Es hora que la clase política deje la política de corto alcance y base su actuación en la unión de voluntades que se regocijen en el progreso de la patria. Costa Rica a pesar de los escándalos es un buen ejemplo.
Es en este contexto que dos de las instituciones más emblemáticas del modelo costarricense, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Energía (ICI) estén en la vorágine de los escándalos de corrupción. Varios amigos que ocupan importantes puestos en el Estado costarricense, me decían que Costa Rica se ha centroamericanizado por la semejanza de los escándalos.
El autor es Politólogo.
