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Los gatos a “cuidar” la leche
En principio parece irrelevante que los funcionarios públicos encargados de dirigir las entidades gubernamentales que manejan grandes cantidades de dinero —como por ejemplo el INSS— sean nombrados por el Presidente de la República o por los diputados a la Asamblea Nacional.
Pero en la práctica podría resultar muy perjudicial para el país, que fuesen los diputados quienes nombren a tales funcionarios, como ya designan a los magistrados judiciales y electorales, al Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos, al Fiscal General y Fiscal Adjunto de la República, a los contralores, al Procurador y Subprocurador de los Derechos Humanos.
La experiencia de los últimos años indica que la mayoría de los diputados anteponen sus intereses personales y partidistas a sus obligaciones institucionales, y suelen dejar vacantes esos cargos de manera indefinida como ha ocurrido con nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y está ocurriendo ahora mismo con el Procurador y el Subprocurador de Derechos Humanos, cargos que mantienen vacantes.
En todo caso, lo que debería hacerse si en realidad se quisiera mejorar la gobernabilidad del país, es crear mecanismos para garantizar la transparencia en la escogencia de esos funcionarios y para que sean seleccionados en base de rigurosos requisitos de probidad.
Pero es obvio que lo que quieren los diputados es quitarle al Presidente de la República la atribución de nombrar a los directores de entes públicos que manejan cuantiosos recursos económicos, no para mejorar su funcionamiento sino para aprovechárselos en beneficio de sus fines partidistas e inclusive personales.
Eso es lo que se puede inferir al conocer los nombres que se mencionan como candidatos a ocupar los puestos directivos de aquellas instituciones en cuanto la Asamblea Nacional se atribuya la facultad de nombrarlos. Se trata de personas dóciles a los caudillos, incluyendo a algunas que han sido denunciadas de cometer actos de corrupción en gobiernos anteriores.
Pero, además, la transferencia de más atribuciones, inclusive de carácter administrativo, a la Asamblea Nacional que es el Poder Legislativo de la Nación, socavaría aún más los precarios cimientos democráticos del Estado nicaragüense, que debería estar fundado en un apropiado balance de atribuciones y autoridad entre las diversas ramas del Gobierno, en efectivos controles recíprocos de las instituciones estatales y en una relación armoniosa entre los poderes del Estado, tal como lo manda la Constitución Política de la República en su artículo 129: “Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
Sin duda que es muy perjudicial y peligroso para el país que el Presidente de la República tenga excesivas y discrecionales atribuciones, y que no pueda ser controlado por los otros poderes estatales. Pero igualmente dañino es que los magistrados y jueces del Poder Judicial se impongan arbitrariamente sin que nadie pueda, a su vez, ponerles límites ni sancionar sus abusos. E igual debe decirse de que los diputados o el Poder Legislativo tengan la facultad de hacer lo que quieran y cuando quieran, y que le arrebaten sus atribuciones a los otros poderes.
Cualquier clase de dictadura o poder autoritario es pernicioso y debe ser repudiado por los ciudadanos. Tan despreciable es la dictadura del Presidente de la República como el autoritarismo de los magistrados y jueces, o de los diputados a la Asamblea Nacional. En una democracia nadie debe tener más poder que el indispensable para cumplir de manera apropiada sus responsabilidades con la sociedad y ante las personas.
Los ciudadanos, que ya en otras ocasiones han dado al traste con regímenes autoritarios y totalitarios, no deberían permitir que a estas alturas del tiempo y después de tanta sangre derramada en la lucha por la libertad, se venga a imponer una nueva dictadura, de cualquier clase que sea y aunque se quiera revestir de legalidad.
