Roman, Times, serif»>Editorial
La culpa de los ciudadanos
El cuarto presidente en la historia de Estados Unidos (1809-1817), James Madison, advirtió que es una quimera suponer que alguna forma de gobierno asegurará la libertad o la felicidad, sin la virtud de sus habitantes. Madison se refería a que, si bien los gobernantes tienen la obligación de ser ejemplares —igual que los jefes de familia en el hogar y los maestros en la escuela—, también los ciudadanos están obligados a ser responsables, comenzando por escoger bien a sus líderes, así como por respetar el derecho ajeno y acatar la ley.
En el caso de Nicaragua, actualmente se critica con frecuencia la conducta inapropiada, incluso corrupta, de los líderes de los partidos políticos dominantes, cuyos pactos han provocado la grave disfunción institucional y sobre todo la perversión de la justicia que sufre el país. Sin embargo, nadie o muy pocas personas plantean este problema en relación con la responsabilidad ciudadana, considerando que esos líderes no se impusieron mediante la fuerza bruta sino que fueron elegidos de manera directa o indirecta por el voto popular, o sea con la voluntad de los mismos ciudadanos.
Como hemos dicho otras veces, cuando los gobernantes llegan al poder como resultado de la imposición en cualquier forma (elecciones fraudulentas, golpe de Estado, revolución armada), no se puede culpar a los ciudadanos por los desmanes que aquéllos cometen. Pero cuando son escogidos por la población en elecciones libres, transparentes y competitivas, si los elegidos resultan ineficientes, abusivos y corruptos, éstos tienen que responden por sus actos indebidos pero también de quienes no supieron escoger apropiadamente y eligieron lo peor, pudiendo haber elegido lo mejor.
En este sentido es, pues, que se puede decir correctamente que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, así como la gente tiende a escoger a los gobernantes que se le parecen.
Está comprobado, desde los tiempos de Pericles en la antigua Grecia —cuna de la cultura, la civilización y la democracia occidental—, que puesta a elegir simplemente la gente no necesariamente escoge lo mejor. Si la mayoría de las personas carece de la virtud que reclamaba Madison como condición indispensable para el florecimiento de la libertad y la felicidad, es decir, si no tiene la apropiada educación política, cívica y democrática, no se puede esperar que elija a los ciudadanos más virtuosos para que dirijan el Estado y administren los asuntos de la comunidad.
En la última encuesta de la prestigiada firma internacional CID/Gallup, cuyos resultados principales han sido publicados en las ediciones de LA PRENSA de ayer y de hoy, se proporciona el dato de que el 61 por ciento de los nicaragüenses prefieren a los dos partidos que tienen al país —y a sus mismos partidarios— en la situación moral e institucional deplorable en que se encuentra ahora.
Si esos son los partidos que la mayoría de la gente prefiere para darles el poder de nombrar los magistrados y jueces que administran la justicia, ¿por qué asustarse entonces ante los fallos descabellados, arbitrarios, injustos e irresponsables que se dictan para beneficiar a determinadas personas y perjudicar a toda la nación?
Según algunas personas preocupadas sinceramente por esta grave situación e interesadas en contribuir a resolverla, el problema radica en que el país no está gobernado por instituciones sino por personas, y por lo tanto, según ellos lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad.
Pero las instituciones por sí mismas no pueden resolver ningún problema. Las instituciones son sólo lo que representan las personas que las ocupan y dirigen. Las instituciones de Nicaragua son iguales a las de cualquier otro país, incluso de los más desarrollados y democráticos. La diferencia la hacen las personas que manejan las instituciones, que en los países avanzados son generalmente íntegras y eficientes pero aquí ocurre lo contrario.
Daniel Ortega y Arnoldo Alemán podrían abolir el sistema de gobierno presidencial y sustituirlo con el régimen parlamentario, con la mal llamada democracia popular o el corporativismo fascista, si así lo estiman conveniente para ellos. Pero esas “nuevas” instituciones serían dirigidas por las mismas personas corruptas e irresponsables y todo seguiría igual que ahora, o todavía peor.
