Roman, Times, serif»>Editorial
El secretismo estatal
En relación con el “error” que cometieron directivos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al impugnar a su mismo candidato a alcalde de Managua, un magistrado electoral liberal ha sido denunciado de “filtrar” para su partido la documentación sobre las impugnaciones que fueron presentadas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Al respecto, y en defensa del magistrado electoral de su partido, la secretaria de organización del PLC, diputada Jamileth Bonilla, expresó que no se puede hablar de “filtración” de documentos porque “la información electoral es pública, no hay nada confidencial que se maneje que no sea y deba ser del conocimiento de la población” (LA PRENSA, martes 3 de agosto, 2004)
Tiene razón la diputada Bonilla. En efecto, la información sobre las impugnaciones -que según el artículo 85 de la Ley Electoral sólo pueden presentarlas los partidos políticos- no tiene por qué ser confidencial. Por el contrario, desde el mismo momento en que se impugna a un candidato se le debe informar al partido afectado, así como también se debe poner en conocimiento de los demás partidos que están inscritos para participar en el cotejo electoral, e inclusive de todos los ciudadanos que tengan algún interés en informarse sobre quiénes son los impugnados y por qué se les impugna.
Pero la verdad es que salvo honrosas excepciones los políticos con poder sólo se acuerdan del derecho a conocer la información de interés público y reclaman que es obligación del Estado divulgarla, cuando así conviene a sus intereses particulares. En términos generales los problemas del Estado, del Gobierno, de la Administración Pública, que son por su misma naturaleza asuntos del pueblo, se siguen manejando como si fueran asuntos conspirativos.
El colmo es que la misma Procuraduría General de la República ha entablado juicio contra algún ciudadano al que ha acusado de haber obtenido y hecho publicar información del Estado que le compete de manera directa y personal; lo cual es una garantía establecida en la Constitución Política de la República, que en su artículo 26, inciso 4 establece el derecho de cada persona: “A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho a saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
Catorce años después del comienzo de la construcción democrática en Nicaragua sigue dominando la cultura del secretismo gubernamental que encubre los abusos de poder y la corrupción. Y la mayoría de los diputados no han querido hasta ahora aprobar una ley de acceso a la información pública que han propuesto periodistas independientes, la sociedad civil y la comunidad democrática internacional.
Como es bien sabido, la corrupción y el abuso de poder son incompatibles con la transparencia y el derecho ciudadano a conocer cualquier información de carácter público. Pero en una verdadera democracia el ejercicio del poder tiene que someterse al control de la opinión pública. Esto es el mejor remedio para combatir y disuadir la corrupción, la cual sólo es posible o es mucho más probable que se incube e institucionalice donde no hay transparencia, donde los ciudadanos no pueden controlar a sus gobernantes porque no tienen acceso al conocimiento de cómo se administran los asuntos de interés público.
“Las leyes de acceso a la información deben ser consideradas como herramientas útiles para aumentar la transparencia de la gestión pública y combatir la corrupción, uno de los grandes males que erosionan los sistemas democráticos”, señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, entidad que fue creada en octubre de 1997 para velar por la vigencia de la libertad de expresión y de prensa en las Américas y la cual aboga por la aprobación y puesta en práctica de legislaciones que garanticen el acceso ciudadano a la información pública.
Por nuestra parte esperamos que la defensa del derecho a la información pública que ha hecho la diputada liberal Jamileth Bonilla, a propósito del “error” que cometieron sus colegas al impugnar a su propio candidato a alcalde de Managua, sirva para que ella y sus compañeros legisladores se interesen en la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, cuyo proyecto se pudre actualmente en las “tuberías” de la Asamblea Nacional.
