Eduardo Enríquez
Cuando un chavalo está de necio y pregunta el porqué de cosas que pueden resultar incómodas de explicar para los mayores, éstos a veces recurren a la jerarquía de la edad y le responden: “Por el olote”.
Es una respuesta que se basa en el uso arbitrario del poder que tiene el adulto para no dar explicaciones, y claro, en la debilidad del chavalo que se tiene que conformar con esa respuesta y olvidarse del asunto.
Esas dos premisas parecen haberse juntado en el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidió “dejar sin efecto y sin ningún valor la declaratoria de Estado de Quiebra, de que fue objeto el Banco Europeo de Centroamérica”. Cuando uno lee la sentencia siente que prácticamente los magistrados sandinistas que la aprobaron junto al voto del liberal Carlos Guerra están diciendo: Que se devuelva “por el olote”.
Sobre todo cuando uno lee el voto disidente del magistrado Guillermo Vargas Sandino, que es una interesante lección de Derecho tanto para los magistrados como para el apelante, en el que deja claro que han hecho mal las cosas desde el principio. Vargas Sandino explica que Álvaro Robelo González, quien actúa y habla como dueño del BECA, y su abogado, hicieron un “deficiente ejercicio de la defensa al hacer uso indebido de los recursos establecidos por la ley”, ya que en lugar de solicitar una reposición contra la resolución de quiebra, como lo indica la ley, pasaron directamente a apelación y, como explica el magistrado Vargas, eso anula todo el proceso.
Para los neófitos del Derecho como yo, eso puede ser irrelevante si en el fondo Robelo tuviera razón, pero la verdad es que los números, que no se prestan a interpretación, dejan claro que no había nada que hacer con un banco que al momento de su intervención, oficialmente presentaba un capital negativo de 700 mil córdobas, y que en realidad, una vez hechos los ajustes, era de casi cinco millones.
Pero todo eso a los magistrados de la Sala Civil les valió un pito y decidieron incluso otorgar a Robelo más de lo que pedía, ya que éste en su recurso de casación sólo pedía que se revocara la sentencia del Tribunal de Apelaciones que declaraba improcedente la apelación, pero los magistrados, fueron más allá, declararon sin efecto la declaratoria de quiebra. La pregunta que queda en el ambiente es ¿por qué? “Por el olote”.
Pero bien, con ese fallo en la mano ahora Robelo lo primero que hace es ofrecer al Gobierno “una negociación”, porque es quien deberá pagarle con los impuestos de los nicaragüenses.
Estando el Poder Judicial como está, no sería raro que un juez decida que al señor éste se le deben 10, 20 o 30 millones de córdobas.
No se molesten en preguntar por qué. Ya saben la respuesta.
