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La crisis de la seguridad social
La controversia entre el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones acerca de cuándo debe comenzar a funcionar el nuevo sistema de Administración de Pensiones, es sólo la punta del témpano de la profunda crisis del Seguro Social.
Pero esta crisis es un problema mundial, no sólo de Nicaragua. Según los expertos en la materia, los sistemas tradicionales de seguridad social no han podido soportar los cambios de la sociedad moderna. El sólo hecho de que la gente vive ahora más años que antes, así como el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral y las reducciones —sobre todo por razones políticas— de la edad de jubilación, provocaron que casi todos los sistemas de seguridad social en el mundo quedaran en insolvencia y se colocaran al borde de la desaparición.
En Nicaragua las razones fundamentales de la crisis de la seguridad social no son tan “honorables”. Aquí la ruina del Seguro Social fue provocada más que todo por la corrupción, que es la principal causante de todas las desgracias no naturales de los nicaragüenses.
Cuando comenzó en 1957 y durante mucho tiempo después, la seguridad social en Nicaragua fue eficiente en su administración y satisfactoria socialmente. A pesar de que se criticaba que los gobiernos somocistas aprovechaban los fondos del Seguro Social para resolver problemas de “caja chica”, los servicios que prestaba el INSS eran de primera calidad y al frente de su administración estuvieron personalidades de gran capacidad y prestigio profesional.
La ruina del Seguro y la desgracia de los asegurados vino con el régimen sandinista, precisamente el que más ha alardeado de representar a los trabajadores pero el que más daño directo y colateral ha hecho a sus “defendidos”. En efecto, entre 1979 y 1990 el Seguro Social fue completamente desvirtuado, primero porque lo unificaron con la Asistencia Social y lo subordinaron al Sistema Nacional Único de Salud (SNUS), que hizo desaparecer prácticamente los servicios diferenciados del INSS, aunque a los trabajadores y empleadores les siguieron quitando las cotizaciones. Segundo, porque los fondos del Seguro Social fueron usados como nunca antes en concepto de caja chica del crónicamente ineficiente e insolvente gobierno sandinista. Tercero, porque por razones meramente políticas al régimen de pensiones fueron incorporadas decenas de miles de personas que nunca cotizaron. Y al final, como si todo lo anterior hubiera sido poco, gran parte de los fondos que le quedaban al INSS cuando el FSLN perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990, fueron saqueados o transferidos al gobierno sandinista antes de que éste entregara el poder el 25 de abril de ese mismo año.
Al comenzar el período de los gobiernos democráticos se denunció la ruina en que el régimen sandinista había dejado al INSS y se trató de recuperar los fondos perdidos, así como rehabilitar el sistema, pero resultó una misión imposible. Y la situación empeoró cuando la corrupción regresó plenamente al Gobierno de la República, durante la presidencia de Arnoldo Alemán y como consecuencia del pacto de éste con Daniel Ortega y el FSLN, en 1999.
A estas alturas del tiempo la única salida a la crisis de la seguridad social es la privatización de la administración de pensiones. Al menos teóricamente la administración privada de pensiones no sólo mejoraría los beneficios de los asegurados sino que también dinamizaría el mercado interno de capitales, incrementaría el ahorro nacional, formalizaría las relaciones laborales y, en fin, fomentaría el desarrollo económico y social.
Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo sistema le quitaría al INSS el ingreso por cotizaciones de todos los afiliados menores de 43 años, lo que causaría un déficit anual de 1,200 millones de córdobas (75 millones de dólares), que el Estado no tiene capacidad de absorber.
Pero por otro lado el obsoleto sistema de pensiones todavía vigente está quebrado técnica y realmente, y de no ejecutarse la reforma inevitablemente tendría que colapsar y desaparecer.
Ante este problema el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida, pero de alguna manera tiene que resolverlo y el reto es hacerlo sin perjudicar a los cotizantes y sus familiares, más de lo mucho que ya han sido perjudicados.
