El problema real de la justicia

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El problema real de la justicia

Pedro Joaquín Solís*

Como la administración de justicia ha sido criticada severamente, para remediar el entuerto se propuso una Ley de Carrera Judicial olvidando que en Nicaragua el problema no es de leyes, sino de funcionarios que cumplan las leyes vigentes y las hagan cumplir, y de buenos ciudadanos que las obedezcan. Entonces la solución radica en designar funcionarios judiciales idóneos que administren justicia pero también en que los ciudadanos (y ciudadanas) se sometan al imperio de las leyes, porque si éstos fomentan prácticas retorcidas la mala administración de justicia no cesará nunca.

En la reforma de la administración de justicia se hará lo que resuelvan los jerarcas de la clase política. Sin embargo desde la perspectiva de un particular y centrándome en la Ley de Carrera Judicial y aún comprendiendo su necesidad me pregunto: ¿de qué servirá dictarla?

Para perfeccionar la administración de justicia bastaría aplicar la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPP) y otras que regulan el quehacer judicial. La Constitución, ¿no ordena que los funcionarios judiciales sólo deben obediencia a la Constitución Política y a las leyes? En la LOPP “consultada” con todos los sectores, ¿no hay acaso normas que imponen la gratuidad de la administración de justicia, la imparcialidad de los jueces y se prohibe y castiga su venalidad, materias todas que se pretenden regular con la nueva ley?

Si estos preceptos no compelen a los jueces a ser independientes de un partido, del autócrata de turno y del “poderoso señor que quebranta cualquier fuero y ablanda al juez más severo”, y los malos ciudadanos fomentan la venalidad y la desobediencia a la ley, ¿qué ley logrará el milagro de darnos una buena administración de justicia? Un antiguo sabio se preguntaba: “¿Mudará el (…) leopardo sus manchas? ¿Podrán hacer el bien los habituados a hacer el mal?”

Santiago Arguello escribía ya en 1935: “Hombres buenos, no leyes nuevas. Acuciados por el malestar de origen desconocido, vivimos pidiendo nuevas leyes. ¿Para qué?” Y hastiado de los malos funcionarios y los malos ciudadanos, depredadores de todas las épocas sentenciaba ásperamente: “Leyes buenas con hombres de prácticas retorcidas son como perfumes sobre pestilencias (…)”

Mientras se diluye en nuestra amnesia colectiva esta nueva quimera, hay que hacer lo que tiene que hacerse. Esto es, que aún antes de dictarse esa ley providencial y milagrosa deben mantenerse en su cargo sólo los buenos jueces, o sea los que la práctica legal, la opinión pública y los archivos del Poder Judicial no han señalado como abusivos, ímprobos e ineficientes. Sin esta medida administrativa previa, los malos jueces que permanezcan en sus cargos “por derechos adquiridos”, los ciudadanos y los abogados de prácticas retorcidas abortarán la mejor ley que se dicte.

Permitir que permanezcan en sus cargos funcionarios por “derechos adquiridos” sólo entronizará a los malos servidores públicos. ¿Deben continuar administrando justicia los funcionarios ímprobos, los ineptos o los que pezuñas en ristre han irrumpido a la Asamblea Nacional a defender sus sinecuras? ¿Cómo se vería que los ciudadanos descontentos con las sentencias, en vez de recurrir contra éstas o debatir cívicamente temas de interés penetraran en los tribunales a imponer sus criterios?

Los nombramientos erróneos han colocado en cargos a funcionarios que al año de ocupar su curul salen millonarios, jueces que niegan a los abogados el derecho de litigar en su despacho o aquéllos que, víctimas de su ignorancia o amparados en “errores de interpretación”, cometen tropelías. ¡Y enumerar las calamidades sería interminable!

Durante la dictadura de Somoza y la de los sandinistas hubo ciudadanos que fungieron como jueces y magistrados y fueron imparciales y honestos, de tal forma que algunos continúan desempeñándose como tales hasta nuestros días. Pablo Antonio Cuadra, por la rectitud y firmeza de algunos de estos funcionarios ante el poder autoritario, exaltaría sus figuras comparándolos con Pedro Crespo, un conocido personaje de una obra de teatro.

Otros de esos antiguos jueces enseñan y divulgan el derecho a través de valiosas obras, lo que demuestra que aún a pesar del régimen que gobierne un país, hay funcionarios que sí pueden hacer cumplir las leyes y que no es universal el principio en boga de que las prácticas retorcidas y la hipoteca de la dignidad personal son el precio que debe pagarse para ocupar una judicatura.

Quienes asistimos a los tribunales requiriendo justicia nos merecemos un futuro diferente a esa noria de injusticia y retardación en que se han convertido los tribunales por la actuación de sus malos jueces. Una Ley de Carrera Judicial sin exigir la probidad como virtud cardinal de sus funcionarios será infuncional. Nuevamente habremos perseguido la ilusión de que con nuevas leyes escaparemos del pandemonium.

* El autor es Abogado y Notario.