Luisa Molina Argüello
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Desastres reflejan incumplimiento de derechos
Luisa Molina Argüello
Ante la situación de riesgos que viven niñas, niños, adolescentes y sus familias en el municipio de Río Blanco, y específicamente los que habitan en el cerro Musún y la comunidad de Prinzapolka, deseo compartir con los medios nacionales, internacionales y con la sociedad nicaragüense las necesidades que enfrenta la población de las comunidades más alejadas.
La devastación que ocasionó el huracán Mitch en Posoltega y otros municipios de Nicaragua fue el campanazo que puso al descubierto ante el mundo que la pobreza y miseria en la que está sumida la niñez, adolescencia y sus familias es la peor vulnerabilidad y la mayor causa de muerte infantil.
Hoy nuevamente estamos denunciando que la falta de aplicación integral de las políticas públicas de protección a la niñez más pobre y que vive en zonas alejadas ha llevado a la muerte a más de 30 personas, a estar decenas desaparecidas de los cuales la mayoría deben ser niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Río Blanco.
La falta de prevención y mecanismos de protección a niñas, niños y adolescentes nos lleva a lamentar cada año ante los fenómenos de sequía, lluvias intensas, cambios en el clima y plantones en el norte del país han provocado muertes que quedan en el anonimato por no contar con un registro y control.
Desde la responsabilidad y los compromisos sociales que hemos venido asumiendo en instancias como la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni) para contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes hemos demandado la urgencia de garantizar una vida física, sicológica y emocionalmente estable.
El Consejo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Conapina) debe en este momento estar jugando su rol que lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia de garantizar la aplicación de las políticas de protección. Las delegaciones del Ministerio de la Familia, de Gobernación, centro de salud, oficinas de registro de las personas, entre otras instancias públicas, no existen en las zonas rurales más lejanas, lo que refleja la falta y poca disposición y voluntad para la aplicación de las políticas públicas.
Las alcaldías deben contar con un fondo del presupuesto municipal para desarrollar programas de protección especial a la niñez en situación de riesgos.
Los desastres como los ocurridos en Río Blanco y Prinzapolka no hacen otra cosa más que evidenciar un nivel extremo de insatisfacción e incumplimiento de los derechos de las personas y particularmente de la niñez, los más vulnerables a disfrutar de ambientes sanos y seguros.
La autora es presidenta de Codeni
