Violeta Pérez Guadamuz [email protected]
La regulación es un instrumento de los gobiernos creado para contrarrestar la característica de monopolio natural de los servicios públicos; sin embargo, los avances tecnológicos en el área, han permitido la inclusión de nuevos agentes en los mecanismos de provisión, por lo que la privatización de las empresas de servicios o partes de ellas ha venido a diversificar las funciones de los reguladores. En ese contexto se regula la interconexión entre proveedores, la relación entre agentes y el acceso universal al servicio.
En Nicaragua existe un ente regulador para cada empresa de servicios públicos, que cuenta con normas de funcionamiento establecidas; su presencia, sin evaluar su actividad, constituye una garantía de que el beneficio de la población está entre los objetivos primordiales de las empresas proveedoras.
Con el propósito de mejorar el desempeño de esas reguladoras, actualmente se está proponiendo la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos, que se constituiría como un regulador de entes reguladores. Al respecto, surge una serie de cuestiones que a pesar de ser abordadas por diferentes medios, no parecen tener una respuesta que justifique la existencia de esta nueva dependencia.
En primer lugar, las empresas reguladoras no están sujetas a regulación porque no presentan las características de las empresas proveedoras de servicios públicos; no hay monopolio natural, interconexión o relación entre agentes que amerite tal actividad. Si se trata de evaluar el desempeño de estas empresas, existen entes de gobierno ya establecidos que realizan esa función.
En segundo plano, si se trata de proteger a los proveedores de servicios de los intereses políticos existentes en los entes reguladores, no existe ninguna garantía de que la Superintendencia de Servicios esté libre de ellos. Al constituirse como un órgano de Gobierno, la partidización del mismo está implícita desde su creación.
Finalmente, la administración pública moderna establece como una de sus prioridades la reducción del tamaño del Estado, limitando sus funciones y disminuyendo sus gastos. En ese sentido, la creación de dependencias sobre dependencias, contradice los programas de modernización desarrollados por el Gobierno, así como las metas de racionalización del gasto público.
Las reformas en el sistema de regulación de los servicios públicos, orientadas a hacer más eficiente su actividad, deben partir de la estructura existente, enfocadas en la adaptación de las normas y procedimientos que los rigen, para que respondan a las situaciones y problemas que se presentan. El desdoblamiento de las responsabilidades de regulación no hace un sistema funcional. Nicaragua requiere mayor independencia en sus entes reguladores, y la participación de la sociedad civil organizada, para contrarrestar los intereses políticos existentes.
La autora es Master en Administración y Políticas Públicas.
