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Concordato y relación Estado-Iglesia
Sin duda que la pretensión de revivir el Concordato de 1861 entre Nicaragua y la Santa Sede, o establecer uno nuevo, es un disparate desde cualquier ángulo que se le mire.
En realidad, el concordato —palabra derivada del vocablo latino pactum concordatum—, es simplemente un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de cualquier país, para regular determinadas cuestiones de recíproco interés eclesial, político y estatal.
Pero además de ser un disparate es prácticamente imposible renovar el Concordato entre la Santa Sede y el Estado de Nicaragua, el cual fue firmado en Roma el 2 de noviembre de 1861, por el cardenal Jacobo Antonelli quien actuó en representación del Papa Pío IX, y Fernando de Lorenzana, Ministro Plenipotenciario de Nicaragua por parte del gobierno del presidente Tomás Martínez.
Según aquel Concordato que perdió vigencia en 1893, al instaurarse el régimen liberal de José Santos Zelaya, el catolicismo tendría que ser la religión oficial de Nicaragua; además, “la enseñanza en las universidades, colegios, escuelas, y demás establecimientos de instrucción”, debía ser “conforme a la doctrina de la misma religión católica”; los obispos tenían “derecho de censura respecto de los libros y publicaciones de cualquier naturaleza… que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública”; el Gobierno de Nicaragua debía financiar los gastos del culto y del clero, y a cambio el Gobierno podría presentar candidatos para llenar cualquier vacante de la diócesis de Nicaragua; los obispos y demás eclesiásticos debían jurar obediencia al Gobierno de la República, etc.
En la actualidad no es necesario un Concordato para mantener relaciones normales, respetuosas, y provechosas con la Santa Sede y con la Iglesia Católica de Nicaragua. Ciertamente, a pesar de su atipicidad el Estado Vaticano es una entidad con personalidad jurídica igual que cualquier Estado común y corriente. Y aunque el Vaticano no puede ser miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sí participa en misiones y actividades internacionales y, por supuesto, puede mantener relaciones diplomáticas con cualquier país de la Tierra. De manera que es por lo menos absurda la pretensión de querer resucitar el extinguido Concordato de 1861, y por otra parte no es inteligente la actitud de explorar a hurtadillas la posibilidad de negociar y establecer uno nuevo, precisamente en el momento en que las relaciones del Gobierno con la alta jerarquía de la Iglesia Católica nicaragüense está pasando por una crisis de confianza, o mejor dicho de desconfianza.
Es cierto que es facultad del Poder Ejecutivo y personalmente del Presidente de la República, de conformidad con el artículo 150, inciso 8 de la Constitucion, dirigir las relaciones internacionales del Estado y por lo tanto proponerle a la Santa Sede, si así lo estima conveniente, la negociación de un nuevo Concordato. Sin embargo, ¿para qué? Un nuevo Concordato es absolutamente innecesario y buscarlo más bien aumenta la sospecha de que el actual Gobierno está tratando de entrometerse en los asuntos internos de la Iglesia Católica, y sobre todo que quisiera apresurar la sustitución del arzobispo de Managua, cardenal Miguel Obando, así como influir en el nombramiento de su inminente sustituto.
En realidad, es por la bienandanza de la nación que los políticos en general y los gobernantes en particular no deben entrometerse en los asuntos religiosos, inclusive de carácter administrativo, que son privativos de la Iglesia Católica y demás denominaciones eclesiales que funcionan en el país, al amparo de la libertad religiosa que está garantizada por el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Pero, de igual modo, la necesaria e irrenunciable misión evangelizadora de la Iglesia Católica y demás denominaciones religiosas no debe confundirse con la política partidista. Y no sólo porque constitucionalmente los ministros de cualquier culto tienen que renunciar a sus investiduras religiosas en el caso de que quieran presentar sus candidaturas para ocupar cargos de elección popular directa, sino también, y sobre todo, porque la mezcla de los sentimientos religiosos con las pasiones políticas de la gente produce un cóctel explosivo sumamente peligroso, como muy bien lo enseña la historia nacional y universal.
