Humberto Belli Pereira
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Impostergable acreditación
Humberto Belli Pereira
Un vacío muy importante en nuestra educación superior, que de por sí explica muchas debilidades de nuestras universidades, es la inexistencia de un sistema nacional de acreditación. En Nicaragua se abren y funcionan universidades públicas y privadas sin que existan procedimientos que aseguren que éstas reúnen los requisitos mínimos para expedir títulos profesionales. Esto no debe continuar. Así como se exige a los profesionales ostentar títulos que garantizan a la sociedad la posesión de ciertos conocimientos o habilidades, así las universidades, o quienes pretenden establecer alguna, están obligados a satisfacer una serie de exigencias mínimas.
Si bien la ley faculta al CNU para aprobar la apertura de nuevas universidades o carreras, todavía no existen parámetros mínimos, conocidos y objetivos, que deban satisfacer los establecimientos de educación superior para ser certificados como tales. Por eso han proliferado las “universidades de garaje” y programas de licenciatura y maestría, tanto en centros públicos como privados, que son impartidos por personal sub-calificado.
Es claro que llegar a satisfacer los niveles o estándares mínimos que se acostumbra en la comunidad internacional requerirá un proceso gradual y prolongado. Pero es imperativo discutir ya las exigencias de dichos estándares y los plazos para aplicarlos. Porque, ¿qué debe definir a una institución como universidad: la tradición y las leyes, o sus propios méritos profesionales? ¿Debe concebirse el estatus universitario como una categoría vitalicia, o como un logro sujeto a revisión sobre la base de sus resultados?
Una tentación en este proceso podría ser el bajar los estándares de acreditación de forma que nuestros profesionales lo sean “a la nica”, argumentando, quizás, que un médico nicaragüense que va a operar en Estelí no necesita los mismos requisitos que el que lo hace en Miami. Aparte de racista, afirmaciones así estarían desconociendo la realidad de la globalización que desafía nuestra aparente insularidad y nos inserta en un mundo cada vez más competitivo y exigente, sujeto a parámetros o estándares internacionales.
Un médico, un ingeniero, un administrador de empresas, debe poder ser médico, ingeniero o administrador, aquí o en cualquier parte. Si a Estelí no le podemos dar uno, sino otro con menos competencias, llamémosle entonces paramédico, o para-ingeniero. En todo caso habría que decidir y publicar el tipo de requisitos que las casas de estudio superior deben satisfacer, a fin de calificar como universidades.
El montaje de un sistema exitoso e independiente de acreditación podría inspirarse en la experiencia de Estados Unidos: allí la función de acreditar es confiada a agencias privadas no lucrativas, regionales o nacionales, debidamente certificadas por la Secretaría de Educación. En el campus de San Marcos, tanto bajo la Universidad de Mobile, como bajo Ave Maria College of the Americas, hemos experimentado la visita de tres de dichas agencias. El trabajo de inspección que éstas realizan es exhaustivo. Uno debe presentarles con mucho detalle los pormenores académicos y administrativos de la institución, desde la calidad del profesorado hasta el número de volúmenes de la biblioteca. A raíz de sus conclusiones las agencias confieren o niegan el status inicial de Pre-acreditación o candidatura. Sólo las instituciones que califican para la primera etapa pueden recibir estudiantes con financiamiento público.
En Nicaragua podría crearse una organización acreditadora privada e independiente, con participación del CNU, las universidades privadas, el MECD, la comunidad empresarial (Cosep) y las cámaras profesionales. El Estado estaría llamado a proporcionar la mayor parte del financiamiento, con fondos del seis por ciento u otros. A lo mínimo, y como primer paso, debería establecerse ya una cultura de transparencia que obligue a los centros de educación superior a publicar las credenciales de su personal y otros insumos de carácter técnico. Esto le permitiría al público conocer con mayor objetividad el tipo de formación que ofrecen y crear incentivos para mejorar.
Desde hace casi unos tres años el BID financia en Nicaragua un proyecto destinado a discutir y gestar un sistema de acreditación. Ojalá que se produzcan resultados concretos pronto y que el Poder Legislativo sustituya la obsoleta Ley 89 —creada apresuradamente durante el período de la piñata— por una ley que modernice el sistema universitario. Los contribuyentes, que financian al CNU con casi novecientos millones de córdobas anuales, tienen derecho a esperar con impaciencia que nuestras universidades lo sean de verdad.
El autor es presidente de Ave Maria College of the Americas
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