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Se arreglaron, ¿y ahora qué?
Finalmente, el episodio de este año del conflicto entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), por el reclamo universitario de doscientos millones de córdobas adicionales a los 700 millones que se les asignó en el Presupuesto General de la República, se arregló el miércoles pasado al acceder la parte gubernamental a darles 140 millones de córdobas más, de los cuales 100 millones serán en títulos valores a cargo de la deuda pública.
A pesar de que este episodio del conflicto entre el CNU y el Gobierno fue ensangrentado con la muerte de un policía —asesinado impunemente por el morterazo de un activista universitario—, y las lesiones que recibieron numerosos activistas universitarios y agentes del orden, al final y como siempre terminó en la mesa de negociaciones.
Ahora bien, en el acuerdo que suscribieron los representantes del Gobierno con el CNU —al menos en lo que sus voceros dieron a conocer al público—, las partes convinieron también crear una comisión para mejorar las relaciones entre ellas y “promover un foro nacional para discutir temas del sistema educativo en general…”
Al respecto recordamos que cuando una parte de los miembros del CNU se reunió con el Consejo Editorial de LA PRENSA, el jueves 27 de mayo del año corriente, ellos aseguraron que si el Gobierno les entregaba el dinero que estaban demandando, estarían dispuestos a discutir el problema de la educación universitaria en relación con los otros subsistemas educativos. Inclusive declararon su disposición a considerar los aspectos jurídicos del grave problema que significa para el país la asignación del seis por ciento a las universidades públicas y algunas privadas.
Pues bien, hay que tomarles la palabra a los miembros del CNU, pero no sólo las autoridades gubernamentales, sino también las organizaciones cívicas que trabajan en el sector de la educación, los padres y madres de familia y los ciudadanos en términos generales. Y no hay que esperar a que se abra un nuevo capítulo de violencia en el conflicto sobre el seis por ciento, sino que hay que plantear la discusión ahora mismo, en frío, que es cuando se pueden enfocar los problemas con más lucidez y hay mejores condiciones para acordar lo que sea más conveniente para el país.
En la agenda de esta discusión hay que poner sin falta problemas como el de que el Estado les paga a estas universidades su consumo de electricidad y teléfono, a pesar de que estos servicios son suministrados por empresas privadas en tanto que el artículo 55 de la Ley 89 dice que son los servicios públicos “los que le serán brindados de manera gratuita por el Estado y sus instituciones”.
También hay que resolver sobre la conveniencia de reformar la Ley 89 para establecer en ella una base de cálculo racional del seis por ciento, sin afectar los préstamos y donaciones externas, ni la deuda pública interna. E igualmente hay que reconsiderar el financiamiento con recursos del Estado a algunas universidades privadas que hacen lucrativos negocios, así como el caso de las universidades públicas que tienen sucursales privadas.
Además, es necesario discutir y procurar un acuerdo nacional sobre los problemas fundamentales de la enseñanza superior y de la educación en términos generales; la relación equitativa que debe haber en el financiamiento estatal de los diferentes subsistemas educativos; las medidas a tomar para elevar el nivel de las universidades públicas y privadas que son ahora evidentemente bajos y lograr que alcancen la excelencia académica.
¿Están cumpliendo las universidades públicas y todas en general el primer objetivo de la educación superior que es formar personas aptas para desempeñar sus responsabilidades profesionales y sociales? Las universidades financiadas por el Estado: ¿están retribuyendo a la sociedad los considerables recursos que se les asignan en menoscabo de necesidades básicas de la población y en detrimento de los otros subsistemas educativos?
El debate sobre la educación universitaria está abierto y hay que ir hasta el fondo y el fin. LA PRENSA ha contribuido a esta saludable discusión y seguirá haciéndolo hasta lograr que se reforme la ley universitaria para adecuarla a las necesidades de los ciudadanos y los intereses de la nación.
