Eduardo Enríquez
La noche del jueves una delegación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) visitó al Consejo Editorial de LA PRENSA, para explicar su posición sobre el problema del seis por ciento del Presupuesto.
La conversación de los señores rectores y demás representantes del CNU es agradable, como buenos profesores, son de hablar pausado y claro. En sus exposiciones reconocen incluso que hay muchas cosas por hacer en las universidades. Uno siente simpatía por su causa.
Pero todo lo que construyen con el lenguaje amable, se hace pedazos cuando chocan con la posición intransigente de “está en la ley y hay que cumplirla”.
Es cierto. El seis por ciento está en la ley. Pero uno esperaría que después de 14 años de estira y encoge, muchos de ellos aderezados con la violencia, muertes y la destrucción, el CNU, que se supone recoge las mejores mentes de la academia del país, se habría planteado ya la búsqueda de una solución real y definitiva.
Decir que está en la ley es fácil. Pero se tienen que preguntar: ¿De dónde y cómo nació esta ley? No obedeció a ningún estudio ni a ninguna estrategia de educación. Simplemente se hizo apresuradamente durante el período de transición del sandinismo hacia la democracia. Con toda la mala intención para poner en aprietos al Gobierno entrante.
Que haya sido interpretada y puesta en la Constitución por la Asamblea Nacional y validada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sólo demuestra la calaña de funcionarios que tenemos, porque en ninguna de esas instancias se ha justificado la razón para dar esa cantidad de plata y no otra. El argumento ha sido “eso es, porque eso es”.
Pero si ya sabemos que de los políticos no se puede esperar nada –y no solamente en este tema– entonces los rectores, con toda su sapiencia y serenidad, pueden preguntarse: ¿es ésta la mejor manera de financiar la educación superior de los necesitados? Pues aunque ellos acusan a los gobiernos de intransigentes, la verdad es que siempre han sido los gobiernos los que hacen propuestas.
Ellos, que representan los templos del saber, del debate, de la búsqueda, pueden dar un ejemplo de civismo y en lugar de patalear por algo que es imposible de cumplir de la manera que está planteado, ¿no pueden proponer una salida para que sea luego aprobada por los diputados?
Aquí mismo les propongo una opción: becas totales para los más pobres con buenas notas, créditos a largo plazo y bajo interés para todos los demás. Créditos que serían revolventes y no obligarían a sacar una enorme cantidad de dinero del erario cada año para la educación superior. Ese dinero entonces podría ser utilizado en la educación básica.
Ese sistema le da una oportunidad al buen alumno que es pobre; crea una cultura de responsabilidad en los otros que pagarán el préstamo, y no habrá manera que los diputados populistas y miopes no la aprueben.
Y si como me dijo la noche del jueves el rector Ernesto Medina, “ese sistema no funciona en esta sociedad”, entonces, propongan otro, pero propongan algo viable y realista para que se apruebe pronto. Mientras tanto demuestren otra característica de los intelectuales: la flexibilidad. Porque si ni siquiera son capaces de explorar opciones a la solución de un problema, entonces ¿qué han aprendido en la universidad?
