Edgard Parrales Castillo
La lógica del delincuente es negar la vigencia de la ley y del derecho. Así, el que roba razona: “La ley prohíbe el robo. No me importa. No le haré caso. Yo robaré”. Igualmente razona el que comete fraude, el que mata, el que calumnia, el que atenta contra el bien ajeno o el bien público de cualquier manera ilegal.
Cuando el Presidente de la República reacciona ante la sentencia del juez o del tribunal de justicia ordenando al Iniser pagar a Agroinsa y dice: “No obedeceremos ni permitiremos que se sangre o se destruya al Iniser”, utiliza la misma lógica del delincuente y está con ello destruyendo toda la credibilidad de la conciencia pública ciudadana en la vigencia y predominio del Estado de Derecho, precisamente por venir de él esa afirmación. Si alguien está obligado a respetar y hacer respetar la ley es el primer mandatario de Nicaragua. Pero si él hace apología de la desobediencia a la ley, ¿quién se sentirá obligado a respetarla? Otra cosa sería si el Presidente de la República dijese: “No me gusta esa sentencia. Pero haremos uso de todos los recursos y remedios que la misma ley nos permite para contrarrestarla o neutralizarla y hacer prevalecer la justicia”. Eso sí sería actuar en el marco de la legalidad y del Estado de Derecho.
Lo que dispone la ley puede no gustarme o puede ser que la ley no cumpla la finalidad de buscar el bien público o común, que es lo que la debe fundamentar. En el primer supuesto —de que no me gusta— no soy yo la norma de cumplimiento, sino la dinámica propia intrínseca de la ley. En el segundo supuesto —de que no sirve al propósito del bien común— mientras esté vigente, se debe obedecer. Lo que no se contradice con el legítimo derecho de hacer todo lo que el mismo sistema legal establece para que esa ley impropia sea reformada o derogada. La Constitución Política establece en su artículo 167 que “los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento” y contra eso no hay vuelta de hoja. Así funciona la democracia y todos estamos obligados, si en verdad creemos en ella, a seguir las reglas del juego.
Igual argumento cabe para el caso de una administración espuria de la justicia por jueces y magistrados que no actúan en el ejercicio de sus cargos en función del objetivo y las responsabilidades propias de su cargo, sino por otras razones ajenas como las político-partidarias. Inexorablemente, por las mismas exigencias del Estado de Derecho, hay que obedecerles. Lo que no impide que se haga hasta lo imposible por revertir esa situación, a través de una reforma sustancial y radical del funcionamiento del órgano judicial, a fin de garantizar que la administración de justicia funcione y sirva para lo que fue concebida. Obviamente esto conlleva el reto de aunar esfuerzos, tanto de las instancias públicas (léase poderes del Estado, partidos políticos, etc.), como de la sociedad organizada (gremios profesionales, sindicatos, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos, etc.) y de los individuos particulares.
Situación parecida acontece con la crisis del seis por ciento, que cada año se convierte en verdadero aquelarre por la pretensión del Poder Ejecutivo de interpretar a su antojo la disposición constitucional y la reacción de la comunidad universitaria de hacer prevalecer su derecho. Esta situación se torna actualmente menos concebible a partir de la reciente sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia determinando cómo se debe entender e interpretar el seis por ciento. Esa sentencia ya ha dirimido la cuestión, al menos en las circunstancias actuales. Lo que cabe es obedecer y aportar a la paz y tranquilidad social.
Es muy probable que el Poder Ejecutivo tenga razón en el sentido de que ese porcentaje sea desproporcionado con relación a toda la distribución que debe hacer del Presupuesto General de la República para atender bien o mejor todas las necesidades de los distintos sectores e instancias del aparato estatal para el buen funcionamiento del país. Pero el camino escogido de desobedecer a la Constitución no es el correcto. El Poder Ejecutivo y los otros órganos del Estado que tengan que ver con el Presupuesto, así como las demás instancias de la vida pública —partidos políticos, gremios, sociedad civil, universidades, etc.— deben convocarse para analizar y decidir una reforma a la disposición constitucional del seis por ciento en una forma coherente y consecuente con toda la realidad nacional.
El autor es profesor de Derecho y directivo nacional
del PLI
