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La cuestión militar
Esta semana se celebró en Managua la XIII reunión del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (Confac), en la que junto con los jefes militares —generales y ministros de Defensa— del área participaron también representantes de ejércitos y expertos de América del Sur, el Caribe y Europa.
Pero no sólo con este motivo sino por historia, tradición y cultura política el problema militar es siempre tema de debate en Nicaragua, donde casi siempre, desde la independencia nacional de 1821, se ha vivido en guerras y otros conflictos armados y violentos.
Desde que el 25 de septiembre de 1826 comenzó la primera guerra civil (la llamada “guerra de las juntas”, porque fue entre las juntas gubernativas de Granada y León), que terminó en enero del año siguiente, Nicaragua ha vivido entre la guerra o la violencia y la paz armada. Y también siempre ha habido choques armados, amenazas recíprocas y tensiones fronterizas con algunos países vecinos, contra los que siempre el ejército del país está listo a enfrentarse, ahora con mísiles de origen soviético, según la sentencia latina de: “Si quieres paz prepárate para la guerra”. Y por esas mismas razones, los militares siempre han desempeñado un rol preponderante y son muchos los generales, coroneles y comandantes que han sido jefes del Estado.
En realidad, la guerra ha acompañado de manera inseparable a prácticamente todos los pueblos de la Tierra. Filósofos, antropólogos, historiadores, sociólogos, religiosos y políticos todavía no terminan una discusión que comenzó en las antiguas Grecia y Roma, acerca de que si la guerra es inherente a la naturaleza humana o sólo un fenómeno histórico, y en consecuencia transitorio, que alguna vez tendrá que desaparecer.
Como sea, por lo menos en el caso de Nicaragua, pareciera que el desarme y la desmilitarización del Estado, la transformación de los cuarteles en escuelas y, en fin, la civilización de los militares y de toda la sociedad, que son nobles objetivos a los que han aspirado los “héroes sin fusil” de Nicaragua, como el ilustre poeta nacional, académico, periodista, pacifista y humanista ex director de LA PRENSA, Pablo Antonio Cuadra Cardenal (q.e.p.d.), ha sido un ideal hasta ahora imposible de alcanzar.
Pero si no es posible desarmar al Estado por lo menos se debe procurar una convivencia digna, pacífica y respetuosa con los hombres armados de la República. Es decir, que las instituciones y personas que por ley deben portar las armas no representen una amenaza contra sus compatriotas civiles y pacíficos, sino que sean realmente un instrumento para su protección y seguridad, lo mismo que una base de apoyo para resolver tareas excepcionales, como las que causan los desastres naturales.
Al respecto, en la reunión del Confac celebrada esta semana en Managua se discutió el rol de los ejércitos en la lucha “para prevenir y contrarrestar el terrorismo, el crimen organizado y actividades conexas”. Pero se advirtió que esto debe manejarse con mucho cuidado, pues podría incubar graves peligros para la institucionalidad civil y democrática de la sociedad. Así lo hizo ver el experto chileno en asuntos castrenses, Rodrigo Atria: “El carácter eminentemente jerárquico de las Fuerzas Armadas —aseguró—, no debe arriesgarse ante el poder de corrupción de las actividades del narcotráfico…” Incluso en el campo de la lucha contra el terrorismo, Atria y otros expertos que piensan como él consideran que los Ejércitos sólo deben cooperar cuando de verdad haya situaciones que pongan en peligro la misma existencia del Estado.
En todo caso, lo esencial es que las fuerzas armadas estén subordinadas no sólo de manera formal sino de hecho a la autoridad civil, que cumplan incondicionalmente las órdenes que emanan de los poderes electos por el pueblo y que sólo intervengan en conflictos internos cuando éstos sobrepasen las otras alternativas disuasivas y represivas del Estado, tal como se establece en el artículo 92 de la Constitución de Nicaragua.
Y lo fundamental es que la autoridad civil deje de simular que tiene control sobre el Ejército y que los mandos militares no sólo finjan que se subordinan. La autoridad suprema de la República de verdad debe someter a la institución castrense, sin tener miedo a las armas ni a los hombres que las empuñan.
