Antonio Lacayo
Los acontecimientos de los últimos meses evidencian que el Poder Judicial se encuentra controlado por el Frente Sandinista. El traslado de Alemán de El Chipote a El Chile en diciembre y su reciente envío a la prisión en Tipitapa, son prueba de que los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza, tienen “un control absoluto y un dominio completo” de ese importante poder del Estado, como muchos afirman.
La Corte Suprema de Justicia que doña Violeta Chamorro dejó hace siete años, cuando Alemán tomó posesión como Presidente de Nicaragua en enero de 1997, era una Corte de clara mayoría no sandinista. Entre sus doce magistrados se encontraban ocho doctores de los partidos de la UNO, liberales, conservadores, socialcristianos, o sin partido, como Guillermo Vargas Sandino, Rodolfo Sandino Argüello, Fernando Zelaya Rojas, Francisco Rosales Argüello, Francisco Plata López, Julio Ramón García, Arturo Cuadra Ortegaray y Kent Henríquez Clair.
En esa Corte de doce tan sólo cuatro provenían de las filas del sandinismo, los doctores Alba Luz Ramos, Josefina Ramos, Yadira Centeno, y Marvin Aguilar, algunos de ellos no orteguistas sino de la línea de Sergio Ramírez en control sobre la bancada sandinista en aquel momento.
Además de esta clara mayoría a favor de las presuntas fuerzas “democráticas”, el presidente de la Corte era el prestigiado doctor Vargas Sandino, miembro del PLC, el mismo partido de Alemán. Mejor situación no hubiera podido heredarle doña Violeta al señor Alemán.
Siete años después de gobiernos liberales, sin embargo, el Poder Judicial está en manos de los sandinistas. Siete años en que el Presidente de la República ha sido del PLC, y en que la Asamblea Nacional ha tenido una amplia mayoría de diputados del PLC. Uno se pregunta entonces: ¿Qué pasó? ¿Quién le entregó este poder del Estado a los sandinistas, o ¿quién se lo dejó quitar, y por qué? Estas preguntas ameritan respuestas.
Al iniciar el gobierno de doña Violeta, en 1990, nosotros encontramos una Corte Suprema compuesta de siete magistrados, todos ellos sandinistas, bajo un presidente del mismo partido. Sin embargo, seis años después le dejamos al país una Corte de clara mayoría democrática, como lo he señalado.
Entonces cabe la pregunta: ¿por qué doña Violeta, sin una Asamblea a su favor, llegó a tener mayoría democrática en la Corte, mientras los liberales, con el control de la Asamblea, la perdieron? ¿Qué diferencia hubo entre los gobiernos de estos dos gobernantes? ¿Por qué tuvieron resultados tan distintos? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de semejante golpe a nuestra democracia?
Con la autoridad que me da el haber sido testigo de esos años, puedo afirmar que una diferencia entre doña Violeta y Alemán fue que la primera gobernó teniendo a Nicaragua como único beneficiario de sus acciones de gobierno, mientras que el último lo hizo pensando en los intereses de su partido y en los suyos personales.
Doña Violeta construyó instituciones. Alemán las destruyó pactando con Daniel Ortega. Así de simple. El gobierno democrático de doña Violeta trabajó por Nicaragua y por levantar instituciones fuertes e independientes, mientras que el PLC y el propio Alemán las convirtieron en débiles y sumisas, al tenor de sus intereses y de los de Ortega.
Alemán y Ortega se montaron en las reformas constitucionales de 1995, las que le quitaron al Presidente de la República el derecho exclusivo de “proponer” magistrados y le dieron dicha prerrogativa a los diputados de la Asamblea. Por eso hoy no es el Presidente quien propone magistrados.
Es cierto que un Presidente como lo fue Alemán, no comprometido con la democracia, hubiera podido hacer lo mismo con o sin la reforma constitucional. Pero un demócrata, como lo es Bolaños, o lo debe ser el próximo, quedó imposibilitado de llevar a la Corte buenos candidatos.
Los diputados en 1995 decidieron darle ese poder a la Asamblea, quizás confiando en el pluripartidismo existente, pero el bipartidismo se impuso. El resultado de la reforma constitucional fue que el poder dado a la Asamblea quedó en manos del PLC y el FSLN, los partidos fuertes de entonces y también de ahora, y esos partidos han continuado sometidos a los intereses de Alemán y Ortega.
Una Ley de Carrera Judicial podría ayudar, si fuese manejada por gente comprometida con la democracia. Sin embargo, si los jefes de los dos partidos van a seguir manoseando las leyes, muy poco se habrá logrado. Siempre tendrán la posibilidad de negociar su aplicación en función de sus intereses partidarios y personales. Urge por tanto devolverle ciertos poderes al Presidente de la República, y no permitir que los partidos políticos pongan candidatos a Presidente que no lleven la democracia en su sangre.
El autor fue ministro de la Presidencia.
