Roman, Times, serif»>
Viviendo del exterior
En la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se celebra y termina hoy en Lima, Perú, se han hecho anuncios de mucha importancia sobre la actual situación económica y social de América Latina y el Caribe.
La visión del BID sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe es optimista, según se desprende de las informaciones llegadas desde Lima. En efecto, se espera que la economía crezca un cuatro por ciento este año, lo que representaría un sustantivo aumento en relación con el crecimiento promedio anual en los últimos cinco años, que fue de 1.3 por ciento. Además, las inversiones directas serán de unos 43 mil millones de dólares lo que significa casi el doble que el año pasado.
Estas informaciones del BID demuestran ante todo la vitalidad de la democracia y el inmenso potencial de la economía de mercado, pues a pesar de los recurrentes conflictos políticos y de la crónica inestabilidad institucional de algunos países —como ocurre en Nicaragua por razones tan conocidas como fastidiosas—, el sistema democrático se fortalece y la economía va creciendo lentamente pero con seguridad.
Inclusive en Nicaragua, donde lamentablemente siguen predominando los hechos políticos y sociales negativos, sin embargo a nivel general la situación económica y social del país está mejorando, como lo demuestran el aumento de las inversiones directas —nacionales y extranjeras— y el crecimiento de las exportaciones, que el año pasado subieron a 604 millones de dólares, con un crecimiento de 3.6 por ciento con respecto al año 2002.
Una de las informaciones más interesantes que se dieron a conocer en el marco de la 45ta. Asamblea General anual del BID, celebrada en Perú, fue la de que los inmigrantes latinoamericanos y caribeños enviaron el año pasado a sus países de origen unos 38,000 millones de dólares (LA PRENSA, lunes 29 de marzo del 2004), lo que representó 10,000 millones de dólares más que todo el capital que ingresó a la región en forma de inversión directa y asistencia económica de los organismos financieros internacionales.
En el caso de Nicaragua, según el mencionado informe del BID, el año pasado se recibieron remesas por un monto de 788 millones de dólares, mucho más que cualquiera de los otros rubros de ingresos que tiene el país: exportaciones, financiamiento de organismos internacionales y países amigos, e inversiones directas. O sea que el país prácticamente vive del exterior, sobre todo de las remesas que envían los muchísimos nicaragüenses que han emigrado por razones políticas, y económicas, y que se han convertido en el pilar más importante de la economía nacional llegando el año pasado a exceder en 184 millones de dólares el valor total de las exportaciones.
A partir de esta realidad, se supone que el país y ante todo las autoridades gubernamentales hacen todo lo posible por respaldar a los inmigrantes ante los diversos problemas que inevitablemente sufren en los países donde se encuentran, y para mejorar las relaciones de la tierra natal con los compatriotas de la diáspora. Pero no es así.
Tal es el caso, por ejemplo, de la falta de interés en la cedulación de los inmigrantes nicaragüenses, muchos de los cuales vienen a menudo al país a tratar de realizar gestiones importantes para ellos y sus familiares, y de interés nacional —como, por ejemplo, abrir cuentas bancarias— pero no lo pueden hacer por falta del indispensable documento legal de identificación.
Este problema se debe fundamentalmente a la indiferencia e inoperancia de la institución estatal que tiene la obligación constitucional de cedular a los nicaragüenses, donde quiera que radiquen, o sea el Consejo Supremo Electoral. Es por eso que los inmigrantes nicaragüenses en Estados Unidos han formado un Comité Pro Cedulación que llevará este caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”, dice el artículo 28 de la Constitución. Pero esto es letra muerta mientras el Consejo Supremo Electoral no cumpla, por medio de los consulados de Nicaragua en el extranjero, su obligación legal de cedular a los inmigrantes nicaragüenses.
