J. L. Decamilli
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Los chanchullos de Chávez
J. L. Decamilli
El presidente Chávez expresó repetidamente, y con la suficiente claridad para que pudiese ser oído y comprendido por todos, que no abandonará el poder antes del 2021, por lo menos.
Manifestó además que nada ni nadie podría impedirle cumplir este propósito. Lo que no dijo es que aunque él quisiera no podría realizar otra cosa, porque él mismo es prisionero de una constelación política internacional que se lo impediría, dirigida por el sanguinario dictador cubano.
El repentino brío revolucionario de Fidel Castro se alimenta con el petróleo venezolano. Venezuela no debe de ninguna manera desfallecer, porque eso implicaría para Cuba algo así como una inyección letal, una especie de eutanasia para el castrismo moribundo
Se conoce sobradamente ya ahora la prehistoria de lo que está pasando en Venezuela. Con su deletérea política social y económica y su constante violación de la Constitución y de los derechos humanos, Chávez dilapidó irresponsablemente el crédito que la población le había brindado en 1998. La inmensa mayoría no apoya hoy la gestión gubernamental y pide que se consulte al soberano sobre el futuro del país.
Después de largas negociaciones (7 meses), bajo los auspicios de la OEA, del Centro Carter y otras organizaciones internacionales, se logró el 29 de mayo del 2003 llegar a un acuerdo. El Consejo Nacional Electoral organizaría una consulta popular para decidir sobre un eventual abandono anticipado del poder, del Presidente y de otros políticos y diputados.
La consulta popular, denominada por la oposición “Reafirmazo”, tuvo lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2003 y constituyó un completo éxito para los opositores: 3,602,052 ciudadanos apoyaron la convocatoria para el referendo revocatorio.
Como según el Art. 72 de la Constitución Nacional la solicitud para el revocatorio es válida si se obtienen al menos 2,456,789 firmas válidas, las firmas obtenidas superan en más de un millón de votos las requeridas por la Carta Magna.
El Gobierno califica inmediatamente la consulta popular como fraudulenta, sin presentar sin embargo prueba alguna.
El Consejo Nacional Electoral, en el que tres chavistas enfrentan a dos independientes, después de proclamar solemnemente su independencia frente a toda presión, proceda de donde proceda, se pliega finalmente a la presión del Gobierno. En primer lugar, con mil subterfugios, deja correr los plazos legalmente establecidos para la presentación de los resultados de la votación y luego inventan con efecto retroactivo nuevas normas para la verificación de las firmas, violando de este modo su propio reglamento.
Con los nuevos criterios ilegalmente creados aceptan como válidas sólo 1,909,200 firmas, 759 mil deberán someterse a un proceso de reparos y 660,800 son declaradas inválidas. El propósito perseguido es diáfano: se trata de impedir el procedimiento revocatorio.
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Román Duque Corredor, declara al respecto que “la decisión sobre las planillas planas (las hojas de los votos objetadas, Decamilli) evidentemente desconoce la voluntad popular y deroga la normativa que el ente comicial ha establecido, aplicando procedimientos retroactivos”. Esto implica, dice el magistrado, una abierta violación de los principios democráticos y de los derechos humanos. Los artículos 333 y 350 de la carta magna venezolana autorizan en estos casos la resistencia de la ciudadanía. Los artículos 333 y 350 “legitiman la reacción frente a actos arbitrarios y dan rango constitucional a las manifestaciones públicas contra aquellas decisiones arbitrarias del Poder Público”.
Las manifestaciones de protesta tienen efectivamente lugar, pero el Gobierno, en lugar de tolerarlas, las reprime con una desorbitada y criminal violencia. Los ataques de la Brigada Blindada, de la Guardia Nacional, de la Policía Militar, de destacamentos de la Disip y de los pistoleros de los Círculos Bolivarianos a la manifestación del 29 de febrero pasado dejan un saldo de 10 muertos, 300 heridos y 400 detenidos y brutalmente torturados. Estos actos de vandalismo ordenados por el Gobierno constituyeron un bochornoso espectáculo a los ojos de los jefes de Estado, reunidos en Caracas y la opinión pública internacional pudo ver en la televisión vergonzosos actos de inhumana brutalidad. Al violar los derechos humanos, las normas de la Constitución e incluso el punto 9 del acuerdo obtenido el 29 de mayo en la Mesa de Negociación y de Acuerdo.
Por ésta y por otras razones, la Coordinadora Democrática ha presentado un informe a la OEA, al Centro Carter y a las Naciones Unidas. Se solicita en él examinar la posibilidad de aplicar los principios de la Carta Democrática y las sanciones que en ella se contemplan.
El futuro del país como Estado de Derecho pende de un hilo.
