Eduardo Enrí[email protected]
A pocos días del asesinato de Carlos Guadamuz escuché a un jefe policial decir que ese caso era una prueba de la que ellos saldrían fortalecidos o desacreditados en su credibilidad como institución.
Que tanto William Hurtado – el asesino confeso – como Alfredo García – el dueño de la pistola – hayan sido miembros importantes de la extinta Seguridad del Estado, un órgano del que fuera el Ministerio del Interior, al que también perteneció la Policía sandinista, podría también ser visto como una oportunidad para que los muchachos de la Policía demuestren finalmente que han cortado el cordón umbilical.
Sin embargo, parece que no muchos dentro de esa institución se han tomado el tema de “la prueba” en serio. Guadamuz fue asesinado el 10 de febrero, ya hoy es 28 y las investigaciones prácticamente están estancadas. Se quedaron, aparentemente, paralizados después del arresto de García.
El nuevo Código Procesal Penal (CPP) ha venido a oscurecer más las cosas en torno a este caso. El CPP establece que tanto la Policía como la Fiscalía están obligadas a investigar un crimen, pero como generalmente ocurre cuando no se identifica claramente a un responsable, esto le ha permitido a ambas instituciones realizar una especie de “boleo” en la que la una está esperando que la otra actué.
Para quedar claros, según juristas consultados, lo que el CPP establece es que tanto la investigación la pueden realizar ambas instituciones coordinadamente o cada una de manera autónoma.
Y a decir verdad, siendo este un caso tan importante para la Policía y siendo ésta la que dispone de la experiencia y los recursos (900 agentes en la Dirección de Auxilio Judicial, laboratorios de criminalìstica, etc. vs. 101 fiscales sin mucha experiencia), pues se esperaría un poco más de beligerancia de parte de los uniformados.
De lo contrario no queda más que pensar mal. Y los líderes sandinistas que dirigían la Seguridad del Estado y ahora siguen dirigiendo el partido tampoco han ayudado mucho. Ninguno ha condenado el asesinato contra su – mal que bien – ex compañero, es más, han dicho entre líneas que prácticamente se lo buscó, y quien le puso la tapa al pomo fue el propio ex jefe de la Seguridad, Lenìn Cerna, quien llamó traidor a Guadamuz, después de muerto y elogió el expediente de servicio de los dos procesados mientras estuvieron en la Seguridad del Estado.
Eso, sumado al tortuguismo policial lo obliga a uno a pensar que los autores intelectuales del asesinato nunca se conocerán, porque aunque no estén ligados a la alta dirigencia del Frente Sandinista, el mensaje que se está enviando es que el muerto es un traidor y los detenidos “camaradas” así que ¿para qué investigar, si a fin de cuentas de lo que se trató fue de un “ajusticiamiento”?
Dentro de la Policía Nacional hay comisionados que “se le cuadran” a Ortega, Cerna y Borge. Sin embargo, también hay otros que quieren llevar su uniforme con dignidad, y están claros y orgullosos de sus orígenes, pero conscientes de que han pasado 14 años y que viven otra etapa, que debe apuntar hacia el servicio a todos los nicaragüenses.
Ojalà y éstos últimos puedan imponerse para hacer justicia tanto en el caso Guadamuz como en la institución, que debe inspirar respeto y confianza y no temor y duda como está sucediendo ahora, cuando nadie quiere siquiera darles una declaración en torno al caso.
