Barbara C. Moore
Recientemente los medios me preguntaron sobre mi percepción del delito de lavado de dinero. Quiero ser perfectamente clara. Mi respuesta no fue una opinión personal, es la política del Gobierno de Estados Unidos de América: independientemente del delito que originó los fondos ilícitos en primer lugar, el lavado de dinero es en sí mismo un delito.
Tomamos el lavado de dinero como un asunto muy serio, como también lo hacen los gobiernos de otras 30 economías mundiales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, con quienes trabajamos conjuntamente en el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) para coordinar políticas y mejorar la legislación nacional de nuestros respectivos países para prevenir, detectar y perseguir el lavado de dinero. Cuando la FATF publicó por primera vez sus Cuarenta Recomendaciones en 1990, fijando estándares internacionales en contra del lavado de dinero, la preocupación de la comunidad internacional radicaba mayormente en privar a las mafias de tráfico de drogas de sus ganancias ilícitas negándoseles acceso a nuestras instituciones financieras. Para mediados de los noventa, sin embargo, se hizo evidente que otros criminales también podían esconder sus ganancias ilícitas, abusando de instituciones legítimas, y se hicieron nuevas recomendaciones pidiéndole a la comunidad internacional que “extienda la ofensa de lavado de dinero por drogas a una basada en ofensas serias”. La serie de ofensas mencionadas específicamente por la FATF abarca lo que hoy es nuestro objetivo principal, la financiación de grupos terroristas, y se extiende a la trata de personas y tráfico de inmigrantes, tráfico ilegal de bienes robados o armas, corrupción, fraude, robo, extorsión y otros muchos delitos.
Todo criminal necesita lavar las ganancias de sus delitos, pero en el caso del crimen organizado, el tráfico de drogas, o la corrupción, las consecuencias del lavado de dinero perjudican los negocios, obstaculizan el desarrollo económico, y destruyen la integridad de los sistemas financieros y las metas de buen gobierno.
¿Por qué nos incumbe este asunto? El lavado de dinero ataca el centro de nuestros intereses nacionales. Oficiales corruptos de gobierno que desvían fondos públicos para su uso personal socavan los esfuerzos que hacemos para promover instituciones democráticas duraderas y economías estables y vibrantes. Nuestra seguridad nacional también está en juego: el dinero lavado financia acciones terroristas en contra de nuestro país, nuestros ciudadanos y nuestros aliados. El dinero lavado financió a los terroristas que llevaron a cabo los ataques horrendos del 11 de septiembre del 2001. El dinero lavado corroe nuestra economía y hace a nuestras instituciones financieras vulnerables a influencias que corrompen. En un mundo interdependiente, trabajamos con la comunidad internacional para proteger nuestro sistema financiero y nuestras sociedades de este peligro.
Debilidad en la legislación o el incumplimiento de leyes contra el lavado de dinero hace que un país sea susceptible a convertirse en un refugio seguro para fondos ilícitos y el lavado de dinero. Esto acarrea toda una serie de consecuencias negativas: el dinero lavado financia otras actividades ilegales, mina la confianza en los bancos y otras instituciones financieras, y destruye la reputación de un país ante la comunidad internacional.
Por estas razones creemos que todos los gobiernos debemos, por nuestro propio interés, usar todas las herramientas a nuestro alcance para disuadir y castigar el lavado de dinero en su más amplio significado.
La autora es Embajadora de Estados Unidos de América en Nicaragua
