Freddy Potoy [email protected]
MADRID, ESPAÑA.— “Lo cortés no quita lo valiente”, indica una de las frases del ingenio de la filosofía popular. Hace dos semanas escribí que la credibilidad de Telcor estaba cuestionada al no dar a conocer los detalles de la ampliación de cobertura a Telefonía Celular de Nicaragua (TCN BellSouth), por la que estaban inconformes los otros operadores en el país.
Sostengo que no decir con claridad y oportunamente las cosas genera suspicacias, sobre todo cuando al frente de instituciones muy técnicas como Telcor, se encuentra un político y no un especialista en Derecho, Telecomunicaciones, Tecnologías y Economía de los servicios públicos.
No obstante, reconozco que dicho informe que sería enviado a la CGR y que conocí extraoficialmente desde aquí, explica convincentemente los argumentos históricos, económicos, políticos, y sobre todo, lo más importante, legales en que se basa Telcor para autorizar a TCN BellSouth la ampliación de cobertura.
Pero antes de escribir que la credibilidad de Telcor estaba cuestionada, también publiqué un artículo en el que sostenía que Telcor debía hacer prevalecer la ley frente a los operadores de telecomunicaciones y velar por el bienestar de los usuarios. Recuerdo que también señalé que los contralores actúan como “gendarmes políticos” y creo que es el momento para abandonar esas prácticas malsanas y dar la razón al amparo de la ley a quien la tiene. Si el informe de Telcor es correcto, como parece serlo, pues a los contralores no les quedará otra alternativa que reconocerlo.
El problema es que este informe de Telcor está tan bien detallado que recuerda los actos de corrupción deleznables del Gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán y sale a relucir otra vez la controversial figura del ex Viceministro de Finanzas y ex director general de Ingresos, Byron Rodolfo Jerez Solís.
En la CGR los contralores deben dejar a un lado sus apasionamientos personales y políticos, y comportarse como profesionales serios y responsables frente a la nación, la comunidad internacional y la inversión privada. No deben atentar contra la institucionalidad de la CGR ni poner en tela de dudas el desarrollo democrático del país.
De acuerdo al informe, Telcor hace “grandes esfuerzos orientados al ordenamiento y saneamiento del mercado de las telecomunicaciones, dándole credibilidad y solidez, al permitir operar a las empresas que han cumplido con todos los procedimientos establecidos en la ley para operar y continuar operando en Nicaragua conforme a sus derechos y obligaciones contraídas en sus respectivos contratos de licencia y/o bases de licitación”.
Celebro que en Telcor haya una voluntad firme de depurar a los operadores en el mercado de las telecomunicaciones, por cuanto es un rubro de mucha importancia en este momento en cualquier país del mundo y eso lo sabe cualquier persona medianamente informada sobre derecho, telecomunicaciones, tecnologías, economía de los servicios públicos, liberalización, privatización, tratados de libre comercio en este sentido, etc.
Ahora Telcor debe ser más exigente con la calidad de los servicios, los precios, la inversión en tecnología, capacidad de cobertura y todo cuanto tengan que hacer las empresas para brindar una adecuada comunicación en Nicaragua. Ah, y sobre todo, evitar prácticas anticompetitivas que falseen el mercado y afecte a lo usuarios.
