Freddy Potoy [email protected]
MADRID, ESPAÑA.— De acuerdo a lo que he leído en los artículos del colega Moisés Martínez publicados en LA PRENSA, sobre lo que pasa con las telecomunicaciones en Nicaragua, y a juzgar por lo que me he enterado aquí, tengo la impresión que los funcionarios encargados de dirigir Telcor no toman en serio la responsabilidad profesional e institucional, la seguridad jurídica, las implicaciones económicas y sobre todo, la importancia del desarrollo para el país, al tomar decisiones cuestionadas.
Si lo correcto es que se licitara públicamente la ampliación de cobertura que le fue otorgada a la empresa telefónica BellSouth, Telcor no debió infringir lo establecido en la norma y en ese sentido habría que investigar qué pasó. Si hay excepciones en las cuales se fundamente este acto, pues el ente regulador debe darlo a conocer y no actuar como si fuera un bandido que sale por la ventana del patio de una casa.
Asignar una licencia de operaciones a BellSouth para que amplíe su cobertura telefónica, sin respetar los procedimientos, preocupa a las empresas de telecomunicaciones Enitel, PCS y Teleglobo porque está en juego mucho dinero, pero lo más grave sería que los funcionarios de Telcor violen la ley y fomenten actitudes anticompetitivas en el mercado de las telecomunicaciones.
Si los funcionarios de Telcor sostienen que la licencia otorgada a BellSouth es la misma que esta empresa ya tenía, pero ahora con una ampliación geográfica, ¿por qué no fueron transparentes desde el principio? ¿Qué se los impedía?
Por otro lado, pero siguiendo esta madeja de cosas raras en Nicaragua, en Madrid me enteré en noviembre pasado que una empresa subsidiaria de la poderosa empresa de telecomunicaciones Telefónica de España estaba interesada en invertir en Enitel, pero que funcionarios del Gobierno del presidente Enrique Bolaños preferían que otra empresa adquiriera el resto de acciones del Estado en Enitel. Quisiera pensar que las cosas no son así, sino que se realizaron con transparencia, pero para eso tendrían que pasar por el aro de la ley las actitudes no sólo de los funcionarios del Telcor, sino de otros funcionarios del Gobierno.
Digo lo anterior porque supuestamente Megatel fue “cercado” para no hacer una inyección económica de más de 20 millones de dólares de parte de la empresa subsidiaria de Telefónica de España porque eso subiría el valor de las acciones de Megatel y en consecuencia el porcentaje que tiene en Enitel sería muy sólido frente al de los socios de América Móvil que recién adquirieron las acciones que pertenecían al Estado. Si es cierto que funcionarios del Gobierno le hicieron ver a Megatel que no aumentara su capital para dejar que América Móvil tenga participación accionaria fuerte en Enitel, o de lo contrario Nicaragua no entraría a la HIPC, no es más que algo fuera del marco legal.
En términos generales, ojalá que los funcionarios del Gobierno del presidente Bolaños no estén usando las instituciones del Estado para hacer favores personales, porque sería grave que se repita la historia del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado por actos de corrupción.
