Mario Alfaro Alvarado
Tengo vivo en mi recuerdo un pasaje histórico en que Napoleón se enfrentó con el Papa VII, según narra Alfredo de Vigny, en su libro Servidumbre y grandeza militar. De su lectura derivé la convicción de que la verdadera grandeza no emana de los cañones sino de la autoridad moral. En un encuentro privado en París, el Gran Corso, el ogro de Europa, trató de ganar la voluntad del Sumo Pontífice para que el Vaticano bendijera sus conquistas.
El Santo Padre no respondió a los argumentos del emperador, que exasperado lo amenazó con convertirlo en “un simple cura”. Aunque débil en apariencia, aquel anciano abatió el orgullo y la arrogancia de su interlocutor cuando con voz suave y reposada le dijo una sola palabra: comediante.
Este recuerdo de mis lecturas juveniles viene a mi memoria al observar con preocupación cómo se desgasta la autoridad espiritual de nuestro máximo guía religioso. El pueblo de Nicaragua lo conoció por una fotografía en que aparece montado en una mula, cumpliendo sus obligaciones episcopales en las aldeas y cañadas de tierra adentro. Luego lo vio en Managua empuñando el cayado arzobispal en unas circunstancias angustiantes, cuando la juventud se inmolaba para librar a Nicaragua de la opresión somocista.
El arzobispo rechazó los halagos de la dictadura y mantuvo su firme posición pastoral, como heredero de las potestades que Cristo concedió a sus apóstoles.
Cuando los jóvenes insurrectos desafiaban a la dictadura con acciones que la debilitaban ante los ojos sorprendidos del pueblo nicaragüense y la curiosidad del mundo que observaba con interés lo que sucedía en este país, el Gobierno suplicó al pastor a que mediara, para evitar que acciones como las de la casa de Chema Castillo y la captura del Palacio Nacional, relevaran al pueblo de su miedo y estallara una insurrección que la dictadura no pudiera controlar.
La mediación del arzobispo facilitó las negociaciones para encontrar cauces incruentos en aquella vorágine de violencia y dolor que comienza a apoderarse de la juventud nicaragüense en su lucha contra la dictadura hereditaria.
Después que Su Santidad Juan Pablo II vio con ojos propios la larga noche negra que envolvía al pueblo nicaragüense, le concedió al pastor el capelo cardenalicio. Los nueve comandantes habían expulsado del país a sacerdotes y obispos, pero no se atreverían a expulsar a un miembro del Sacro Colegio de Roma. Por lo menos algo quedaba que la barbarie tercermundista respetaría.
Después de dos guerras de liberación, con cientos de muertos, heridos y mutilados, con un país arruinado por el despilfarro y las confiscaciones, las piñatas y las guacas, cuando el pueblo empieza a confiar en la democracia y el Gobierno lucha a brazo partido y casi solo contra la corrupción y por la recuperación de la economía del país, Su Eminencia Reverendísima, que fue escudo de la fe popular ante dos dictaduras destructivas, se le ve mezclado en las intrigas de un prisionero infamado por lavar dinero y que debía estar purgando su pena y un desorbitado caudillo populachero que aparenta haber perdido la bitácora y navega al garete.
Ayer la dictadura somocista llamó despectivamente a monseñor, el obispo, comandante Miguel; hoy es el pueblo el que identifica al obispo purpurado como un personaje político de alto nivel, capaz de hacer inclinar la balanza de los compromisos entre políticos hacia un lado o hacia otro, pero nunca hacia el lado en que el pueblo tiene sus plenas preferencias y sus legítimas aspiraciones. Porque no ve nada promisorio que de las maquinaciones de dos caudillos desprestigiados se derive algo beneficioso para un pueblo que ha sufrido, precisamente, los abusos que ellos cometieron desde el poder.
La autoridad moral de la alta jerarquía eclesiástica debe amparar a los pueblos en sus demandas de justicia y libertad; y nunca favorecer con mediaciones los intereses tortuosos de una política carente de moral y pletórica de vicios, injusticia y corrupción.
El autor es periodista.
