Roberto Moreno
El principal objetivo de los Estados Unidos de América al firmar un tratado de libre comercio con Centro América es detener los flujos migratorios hacia su país, impulsar el desarrollo comercial de la región para no tener que seguir dándoles ayuda económica y, de paso, combatir al narcotráfico, que tiene una ruta ideal hacia el norte desde estos países altamente empobrecidos.
Esto preocupa a las organizaciones sindicales norteamericanas que temen perder sus empleos, ya que muchas empresas prefieren producir en Centroamérica, pagando salarios veinticinco veces menores, comparados con los que ganan los americanos. Es por ello que presionaron a los congresistas para que dictaran una ley que obliga a los Estados Unidos de América a incluir una cláusula laboral en todo tratado comercial.
Queda más que claro que el tema laboral es una cláusula de adhesión del Cafta. Estados Unidos de América ha dicho: si aceptas, entras; si no, quedas fuera. Por lo tanto, no es cierto que los delegados centroamericanos hayan negociado el tema laboral. En su inocencia, a lo más que llegaron fue a pedir cooperación a los norteamericanos, creyendo que recibirían alguna suma de dólares, vehículos y otros equipos. La verdad es que los ministerios del Trabajo de la región no recibirán ningún centavo, a lo sumo capacitación a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entrenamiento para mejorar la inspección laboral en las empresas.
Cierto o no, Estados Unidos está convencido de la falta de capacidad de los gobiernos para hacer cumplir la legislación laboral y tienen la percepción de que los inspectores se sienten frustrados, al ver que sus recomendaciones no son atendidas por los inversionistas extranjeros, que acorazados en la realidad de que son los únicos que generan empleo en el área, incumplen las leyes de cada país.
La Embajada Americana en cada país centroamericano ha estado abierta para que los sindicalistas lleguen a quejarse siempre que crean que sus derechos laborales están siendo violentados y hasta son invitados a viajar a Washington a poner las mismas quejas ante los más altos funcionarios y ante la opinión pública estadounidense.
A su vez, los funcionarios nicaragüenses han sido obligados a dar todo tipo de explicaciones a la Embajada Americana y extrañamente han viajado a Estados Unidos a prometer que van a cumplir las leyes de nuestros países. Igual hacen los dueños de las marcas y patentes, que vienen muchas veces al año a inspeccionar cada una de las empresas de zona franca y a dictar recomendaciones contrarias a la legislación laboral nacional. Los empresarios de zona franca prefieren cumplir las normas impuestas por los extranjeros, para no correr el riesgo de perder a sus clientes, los que a su vez no quieren enfrentar a los consumidores que exigen “ropa limpia”, es decir hecha por obreros a los que se les ha respetado sus derechos.
No cabe duda que con la firma y puesta en marcha del Cafta esta política se fortalecerá y los inspectores propiamente americanos, o los funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son los que inspeccionarán las empresas partes del tratado de libre comercio. La inspección será extranjera y no nacional.
A los inspectores nacionales se les dejará hacer su trabajo libremente dentro de varios años, hasta que hayan aprendido las lecciones que vendrán a enseñarle desde afuera y hasta que los Estados Unidos se convenzan de que los gobiernos efectivamente cumplen y hacen cumplir la ley.
Es triste que la ley se cumpla hasta que viene un gringo a decirle a los gobiernos lo que tienen que hacer, es decir, que cumplan la legislación laboral y respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, como son la libertad sindical, negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso, igualdad de trato, oportunidades y de remuneración para hombres y mujeres. Los gobiernos se han comprometido, dijeron sí y firmaron, aceptando la inspección laboral extranjera en cada país.
El movimiento sindical, debido a su debilidad y adormecimiento no sólo ha dicho sí, sino que también exige que Estados Unidos imponga sanciones y multas a los gobiernos y a las empresas, igual que los chilenos, que establecieron que su Gobierno fuera multado con quince millones de dólares en caso de cada infracción laboral.
Se acabó el sueño del desarrollo económico independiente, cada país es y será altamente dependiente; lo extraño es que demócratas y revolucionarios han unido sus voces aceptando la intromisión de Estados Unidos convirtiéndose en inspectores laborales y clamado porque una potencia extranjera imponga sanciones. No hay quejas por la soberanía, hay gozo y aplausos entre los sindicalistas de todas las tendencias, en todos los países.
Ojalá que los gobiernos del área sean capaces de hacer lo que debieron hacer siempre: cumplir y hacer cumplir la legislación laboral nacional y las normas internacionales del trabajo, para bien de las relaciones entre empleadores y trabajadores, del desarrollo económico del país y el progreso social de los pueblos centroamericanos. Con o sin Cafta la Constitución y las leyes se deben cumplir.
El autor es abogado laboralista.
