Eduardo Enrí[email protected]
Termina el primer año de vigencia del Código Procesal Penal (CPP), un instrumento, que según decía en un artículo de diciembre pasado la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, “haría accesible la Justicia, la simplificaría, le devolvería al Derecho su sentido de guía como coordinador de conductas y protector de personas y los bienes más trascendentes de una sociedad…”
Sin embargo, a la par de estar implementando este aparentemente maravilloso instrumento de modernización, la Justicia vivió en el 2003 uno de los años más tristes, con un historial de fallos descabellados y un Poder Judicial paralizado, descabezado, prácticamente inútil para la ciudadanía y solamente útil a los caudillos que manejan los hilos de la Asamblea Nacional, de la cual dependen los magistrados para ser premiados con una reelección o un jugoso presupuesto.
Sinceramente no creo que sea posible que en el mismo año se impulse la modernización de la Justicia y al mismo tiempo se salga con un récord tan desalentador. Indudablemente algo ha fallado.
Y lo que ha fallado es sencillo, es la gente que debería impulsar estos cambios. Podemos tener los Códigos más justos, pero siempre podrán ser aplicados de manera injusta, porque son las personas las que toman las decisiones en las instituciones; los Códigos, las leyes, las reglas, todas esas cosas son simples instrumentos que si no se aplican con honestidad y profesionalismo, pues de nada sirven.
Recuerdo que cuando la magistrada Ramos iniciaba su administración en la Corte, se reunió con un grupo de periodistas; cuando le hicimos ver el problema de la partidización de la institución en la que recién tomaba las riendas y cómo dependían los jueces y magistrados del capricho de los poderosos caudillos, la magistrada Ramos, aunque siempre con expresiones de impotencia, se mostró plenamente de acuerdo con los problemas que representaba lo que le señalábamos.
Sin embargo, y tal vez porque era la primera mujer presidente del Poder Judicial, yo salí optimista de esa reunión, pensando que la magistrada podría iniciar un proceso de cambio, sin embargo, con el pasar de los meses me di cuenta que no iba a hacer nada.
Mi pregunta durante aquella reunión sigue siendo la misma de ahora: ¿a qué le temen los magistrados? Han sido electos por un período de siete años, durante ese período son prácticamente intocables y si fueran personas que se respetaran a sí mismas podrían hacer cambios de fondo. ¿Qué están en minoría? Pero al menos serían la voz disidente, la voz de la dignidad, ¿qué no serían reelectos? Pues al menos saldrían con la reputación de abogados que respetan su profesión y en los que se puede confiar. ¿No sería eso suficiente?
No lo es cuando no se tiene carácter suficiente. Y ahí está la clave. En la Corte, como en la Asamblea y en el Poder Electoral se ha escogido y se ha puesto a personas que no tienen ese carácter, precisamente para que perpetúen el control de los caudillos, llámense como se llamen.
Y así va a pasar siempre. Como dice un miembro de nuestro Consejo Editorial, “el problema está en la sangre”.
La gente que está en los poderes sólo hace lo que les pusieron a hacer. No está en su naturaleza ni en su carácter ni en su sangre, hacer otra cosa.
