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“No revelarás las fuentes”
Cuando el diario El Comercio, de Quito, publicó el 14 de noviembre corriente la información de que la campaña electoral del actual Presidente de la República, coronel (retirado) Lucio Gutiérrez, habría sido financiada en parte con dinero del narcotráfico, el primer mandatario ecuatoriano se convirtió en una furia y amenazó al periódico con un proceso criminal. Ante todo, Gutiérrez exigió a El Comercio que diera a conocer públicamente la fuente de la información, la que por cierto no fue ni siquiera una escueta nota informativa, sino un amplio reportaje sobre las donaciones que recibieron los candidatos presidenciales, en el que inclusive se contrastó la versión de la fuente del periódico con la réplica del partido de gobierno, Sociedad Patriótica.
En todo casdo, la reacción oficial contra El Comercio fue injusta y desproporcionada, y llegó al extremo de que militantes del partido del presidente Gutiérrez se reunieron en una plaza céntrica de Quito para quemar ejemplares de dicho periódico, en el mismo lugar donde en la época colonial ardían las hogueras de la inquisición. Y tanto fue el bochorno nacional que causó semejante acto de barbarie y fobia a la libertad de prensa, que el presidente Gutiérrez tuvo que declarar que no avalaba la hogueras inquisitoriales de sus seguidores, y que es respetuoso de la libertad de expresión como lo había demostrado recientemente al firmar la Declaración de Chapultepec, durante una visita al país de representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Sin embargo el presidente Gutiérrez omitió decir que antes de firmar la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión, él mismo había expresado que no podía aceptar que los periodistas no estuviesen afiliados a un gremio o colegio, de manera obligatoria; o sea, lo contrario del principio 8 de la Declaración de Chapultepec, de que la colegiación “debe ser estrictamente voluntaria”. Además, el principio 3 de esa misma Declaración señala en términos inequívocos que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. E inclusive, el artículo 81 de la Constitución Política del Ecuador obliga al Estado a garantizar “el derecho al secreto profesional de los periodistas”.
En realidad, la confidencialidad de las fuentes de los periodistas es uno de los mandamientos fundamentales de la libertad de información, pues si no fuera por ella no se podría tener acceso a muchas personas que temerían, con justa razón, que los medios y los periodistas en cualquier momento podrían ser obligados a testimoniar contra ellas.
En realidad, es tan importante e inclusive sagrada, la garantía de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas y los medios, que según la jurisprudencia internacional se debe respetar hasta en casos de guerra, y ningún gobierno puede invocar razones “patrióticas” para desconocerla. Al respecto, el 11 de diciembre del año pasado (2002) el Tribunal Penal Internacional decidió conferir una protección especial a los periodistas que se desempeñan como corresponsales de guerra, al señalar que también las fuentes de ellos están cubiertas por el principio de confidencialidad de las fuentes.
Es que de la misma manera que la libertad de expresión y de prensa es un principio supremo sin el cual no puede haber democracia ni respeto a los derechos individuales, así también, sin garantía de la confidencialidad de las fuentes no es posible que haya libertad de expresión e información. Forzar a los periodistas —de hecho o por medio de la ley— a revelar sus fuentes es lo mismo que obligarlos a colegiarse para poder ejercer el derecho sagrado e inalienable a informar y recibir información.
Ahora bien, lo más importante de todo esto es que el diario quiteño El Comercio ha ganado o le está ganando la batalla al presidente Lucio Gutiérrez, pues no ha revelado ni revelará sus fuentes de información en el caso del supuesto financiamiento de la campaña presidencial con dinero del narcotráfico. Pero no sólo eso, sino que los acontecimientos que se desencadenaron a raíz de la publicación del reportaje de investigación de El Comercio demostraron que la información era correcta: seis ministros de Gutiérrez ya renunciaron por el caso y la Fiscalía de Ecuador anunció esta semana que abrirá una investigación para llegar hasta el fondo del asunto.
