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El ex -ministro de Educación, Humberto Belli, en artículo de opinión escrito en LA PRENSA el 28 de octubre recién pasado nos pregunta: “¿Cómo se gasta el seis por ciento?” En su crítica al uso del 6 por ciento por parte de las universidades públicas las califica de una “ineficiencia alarmante”, y como que si éstas no tuvieran ni el mínimo asomo de eficiencia. Eso hace sospechosa las afirmaciones, sobre todo cuando la mayoría de los datos están sobredimensionados o manipulados. No se puede negar que existan procesos y áreas deficientes en el funcionamiento universitario, sin embargo no se puede generalizar a todo el quehacer universitario, porque al hacerlo se miente.
Según el señor Belli, “el análisis de los datos revela el desperdicio monumental que causa la irracionalidad en la oferta de carreras, 13,154 estudiaban derecho en el año 2002 (sumando la matrícula del sistema público y privado). No hay quien niegue que producimos demasiados abogados, sin embargo estamos posiblemente invirtiendo catorce millones de dólares al año en producirlos”. El dato no es cierto y la afirmación tiene mala intención en un doble sentido. Primero, al no distinguir cuántos de esos estudian en las universidades públicas. Subliminalmente deja la sensación de que éstas son irracionales al ofrecer la mayor cantidad, pero si hubiera otro ánimo seguramente diría que en las universidades públicas estudian mucho menos del 50 por ciento de dicha cifra, ya que la mayoría de los abogados estudian en las universidades privadas que son las que realmente están haciendo una oferta desproporcionada de carreras, principalmente las más rentables, como derecho.
En segundo lugar, manipula las cifras al decir que de los “50 millones” que hoy se dedican al 6 por ciento, “14 millones de dólares” se dedican a formar abogados anualmente, como que si la carrera de derecho representara el 30 por ciento de la matrícula de las universidades públicas, cuando lo más que representa es el 5 por ciento. ¡Nada más alejado de la realidad!
En concreto, hay una oferta de carreras muy racional en ésta y en toda la oferta educativa de las universidades públicas, oscilando entre 50 a 200 estudiantes por carreras en líneas generales. Por ejemplo, en la UNAN-Managua, que es la universidad más grande del país (con 23 mil estudiante de 65 mil existentes en las universidades públicas) sólo ofrece y matricula a cien estudiantes de derecho anualmente. En este punto la irracionalidad de la oferta educativa está principalmente en las universidades privadas, que no han aceptado una regulación razonable por parte del CNU. Lo que sí ha crecido en las universidades públicas es la variedad de carreras que se ofrecen, para tratar de cubrir con el presupuesto público las principales demandas de formación profesional que requiere el país, que ya llega a casi cien carreras. En el caso de la UNAN-Managua la oferta educativa se duplicó, pasando de 38 carreras que ofrecía en 1992 a 52 en 1996 y 62 en el año 2000. Lógicamente, al ampliarse la oferta de carreras eso ha demandado más recursos y más condiciones en infraestructura física y educativa, en equipamientos tecnológicos, y por tanto, más presupuesto. También ha crecido el nivel de egresados y graduados, sobre todo en los últimos años que se han ampliado las alternativas de formas de culminación de estudios, que es de aproximadamente del 60 por ciento y no del 30 por ciento que señala el señor Belli
Sin mayor sustento también señala que hay “baja preparación de la mayoría de los egresados”, no señala a partir de qué indicadores y consideraciones ha llegado a dicha conclusión. Sin embargo, lo que existe como opinión mayoritaria es que las universidades públicas siguen formando los mejores profesionales del país en la mayoría de las áreas. Esto ha crecido en los últimos años porque se ha elevado la calidad profesional de los docentes universitarios en las universidades públicas, que ya alcanza un 60 por ciento con formación postgraduada (de especialistas, master y doctor). Además, se ha fortalecido la investigación: las diez universidades aglutinadas en el CNU realizan el 92 por ciento de todas las investigaciones que se hacen en el país, pese a existir 40 universidades privadas en Nicaragua, de una de las cuales es rector el doctor Belli.
Las universidades se encuentran en un proceso de autoevaluación institucional financiado por el BID, que ayudará a medir más objetivamente la eficiencia y calidad de su labor, determinar sus fortalezas y debilidades, para luego continuar con los procesos de mejoramiento y cambios que permanentemente se requieren.
El autor es catedrático en la UNAN-Managua.
